SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina conocía, o debía conocer, de la venta de unos terrenos propiedad del Banco Central que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vendió a una empresa Offshore registrada en Panamá, y cuyo accionista se identifica como El Portador.
En septiembre del 2016, el ingeniero Santiago Moquete, presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho de Propiedad (Fundepro), remitió una comunicación al mandatario, en la que le informaban sobre los negocios que realizaba el CEA, que para él constituían un caso de corrupción.
En ella le informaba que las tierras entregadas en dación de pago al Banco Central en el año 1999, estaban siendo vendidas por el CEA a la sociedad Ordell Assets, registrada en Panamá, y cuyo único accionista era el empresario Ricardo Subero, presidente en el país de la empresa Marmotech, y quien tiene a su cargo varias concesiones mineras.
Las acciones de Subero en Ordell Assets fueron transferidas, en julio de 2016, a El Portador, según un acta de reunión de la sociedad, pocos meses después de que comprara los terrenos.
El CEA, como representante del Ingenio Boca Chica, le vendió a la compañía más 1,711 tareas en unos 12 contratos de 142.66 tareas, en parte de la parcela 623 (PTE) del Distrito Catastral 17/5, ubicados en Los Banco de Arena, municipio Boca Chica, a un precio de RD$14 el metro cuadrado. Coincide en ubicación con las tierras cedidas al Banco Central.
Con esas informaciones resumidas en la comunicación que envió Moquete, el asistente especial del Presidente, Carlos Pared Pérez, remite la misiva a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado.
En la carta dirigida a José Dantés Díaz, como director ejecutivo de esa Comisión, de fecha 3 de octubre del 2016, Pared Pérez le indica que le remite para su conocimiento la comunicación PR-E-2016-28951, “en la cual solicitan su intervención ante la venta de terrenos del Banco Central”.
Luego, el 5 de diciembre pasado, José Bobadilla, también asistente especial del Presidente, le comunica a Moquete mediante misiva, que su comunicación había sido recibida y dirigida a José Dantés Díaz.
“Esa no era la vía, porque la Comisión no es fiscal”, se queja Moquete, quien entiende que el presidente Medina estaba tratando de encubrir al director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, ahora suspendido, luego de que se conociera que la muerte a tiros de tres personas en San Pedro de Macorís, incluidos dos locutores y el matador de estos que luego se suicidó, tuvo su causa en una venta irregular de parte de esa entidad estatal.
Moquete cree que el Presidente no quería profundizar el caso, porque tuvo tiempo suficiente para ponerle freno a las cosas, que “siguieron igualitas”.
