El Juez Alejandro Vargas es ampliamente conocido por su trayectoria profesional intachable e inquebrantable apegada a los mas sagrados preceptos de justicia e interpretación transparente de la norma jurídica. Su histórica decision de rechazar el acuerdo suscrito entre la constructora brasileña Odebrecht y el gobierno dominicano, era de esperar por quienes lo conocen por años y conocen su posición tomada frente a otros importantes casos.
El Palacio Nacional no esperaba esta adversa decisión, ya que parte de la estrategia palaciega era concretar el acuerdo y en la mayor brevedad de tiempo sacar el tema del tapete público. Pero no ha sido así, el Juez Alejandro Vargas se ha casado con la gloria, rechazando las amplias presiones recibidas por sectores internos en el Poder Judicial y por personeros allegados al Palacio Presidencial.
Los mas escépticos creían que la presión política se iba a imponer como lo ha hecho en otros casos de corrupción que han llegado al sistema de justicia dominicano. El Dr. Vinicio Castillo dijo que el juez Alejandro Vargas salvo el honor de la República, y es que nuestra sociedad concibe al poder judicial tan cómplice de la corrupción como el mismo poder político anclado en las instituciones que constituyen el Poder Ejecutivo.
Un acuerdo que fue elaborado por los mas connotados juristas del país creíamos que pasaría de fly por ante el juez de instrucción, por lo que nos sentimos altamente sorprendidos, afirmó un abogado de esos que permanentemente pululan el Palacio de Justicia y que ven en un alto pedestal los llamados grandes jurisconsultos del país que han sabido mostrar sus garras en las arcas públicas cuando de defender al Estado se trata.
Son abogados que comen de la tajá grande, por eso vemos como el gobierno y el Ministerio Publico acaban de ser vergonzosamente derrotados en la justicia dominicana, afirmó otro abogado consultado al respecto.
Al parecer para los abogados experimentados, la decisión del Magistrado Alejandro Vargas se fundamentó esencialmente en que las partes no agotaron el debido proceso penal estipulado en la ley, algo tan elemental en el sistema de justicia penal en le República Dominicana. Como es posible que los llamados connotados jurisconsultaos expertos en materia administrativa, constitucional y penal dejaron pasar este garrafal error procesal y colocaran al gobierno dominicano en una disyuntiva profundamente vergonzosa. Hay quienes piden que estos jurisconsultos devuelvan los millones de pesos recibidos por tan bochornosas asesorías jurídicas.
Mientras tanto el caso Odebrecht luce que irá para largo, ya que es mas que evidente que la ciudadana esta demostrando una resistencia como nunca antes había pasado en el país, asistiendo a cada espacio en donde se hable de Odebrecht y pidiendo desde las calles y desde las redes sociales que se enjuicien los culpables de haberse embolsillados millones y millones de pesos en sobrevaluaciones de obras públicas y en sobornos erogados por la constructora brasileña Odebrecht.
