Leonardo Jáquez califica de «ilegal» e «inconstitucional» intento de la JCE de restringir publicación de encuestas

SANTO DOMINGO.– El reconocido comunicador y profesional del derecho, Leonardo Jáquez, arremetió con dureza contra las recientes intenciones de la Junta Central Electoral (JCE) de limitar la difusión y publicación de encuestas de opinión pública fuera del periodo estrictamente establecido por la normativa vigente, calificando la medida como un «atentado directo contra la libertad de prensa y el derecho a la información».

A través de sus plataformas digitales y espacios de análisis político, Jáquez advirtió que la institución electoral pretende extralimitarse en sus funciones e imponer restricciones que vulneran los principios democráticos. El jurista sustentó su posición en la base legal del país, recordando que el marco regulatorio actual es muy específico sobre cuándo se puede prohibir este tipo de divulgaciones.

«La Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral es categórica y no deja espacio a interpretaciones arbitrarias. Su artículo 211 establece con absoluta claridad que la única restricción real y legal para la publicación de encuestas y sondeos políticos se activa cuando la difusión se realiza a menos de ocho días de las elecciones», precisó el comunicador.

El analista político señaló que cualquier resolución o instructivo de la JCE que intente censurar, sancionar o cohibir de forma anticipada a las empresas encuestadoras, medios de comunicación o ciudadanos independientes, carece de sustento legal y constituye una violación de la jerarquía jurídica.

«La Junta no puede legislar ni crear prohibiciones donde la ley no lo ha hecho. Intentar silenciar el pulso de la opinión pública a 24 meses de los comicios solo genera desconfianza en el proceso y vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos a estar debidamente informados», enfatizó Jáquez.

Finalmente, el comunicador hizo un llamado al pleno del organismo electoral a ceñirse estrictamente al mandato de la Ley 20-23 y a evitar resoluciones administrativas que terminen siendo impugnadas ante las altas cortes por inconstitucionalidad.

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