A casi un año de que proveedores denunciaran ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) supuestas irregularidades en procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), nuevas acusaciones vuelven a colocar bajo cuestionamiento las licitaciones para el suministro del almuerzo escolar.
Esta vez, los señalamientos están relacionados con el proceso para los años escolares 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís, cuyo monto supera los RD$1,900 millones.
La licitación fue iniciada el 24 de noviembre de 2025 y adjudicada el 7 de agosto de 2026, casi diez meses después. Los denunciantes, representados por el abogado Pedro Lara, aseguran haber identificado empresas que, pese a ser descalificadas inicialmente por el propio comité de compras del INABIE, terminaron recibiendo contratos millonarios.
“Yo estoy plenamente seguro de que cuando esto estalle a la escala que puede estallar, esto va a ser peor que lo de Víctor Castro y va a ser peor que lo de Cecilio”, advirtió Lara.
El abogado representa a 11 participantes afectados, quienes cuestionan la forma en que se desarrolló el proceso y aseguran que varias de las empresas favorecidas no cumplían con las condiciones establecidas.
Empresas descalificadas terminaron con contratos millonarios
De acuerdo con la documentación presentada por los denunciantes, 51 empresas fueron adjudicadas en San Pedro de Macorís. De estas, 15 habían sido descalificadas previamente por incumplir requisitos establecidos en los pliegos, pero posteriormente recibieron contratos que, en conjunto, superan los RD$445 millones.
Uno de los casos señalados es el de Manuel Emilio Mejía Molina, adjudicado con RD$31 millones 361 mil 168, pese a que, según los denunciantes, el informe de evaluación del INABIE habría establecido que presentó documentación falsa.
“En el propio informe que dicta INABIE dice que esa persona presentó documentación falsa y, por ese hecho, según establece el pliego, inmediatamente queda descalificado, inhabilitado”, sostuvo Lara.
Otro caso cuestionado es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien obtuvo un contrato por RD$38 millones 128 mil 306.
Los denunciantes aseguran que durante las inspecciones el establecimiento no reunía las condiciones requeridas y alegan que se trataba de un local vacío, sin identificación comercial y sin campana de extracción.
Según Lara, posteriormente el establecimiento habría sido acondicionado.
“Nosotros suplimos unos videos que muestran que al momento de la supervisión y posterior, ese local estaba pintado de crema. Como ya nosotros habíamos hecho una denuncia, habilitaron el espacio y le cambiaron el color”, afirmó.
Los afectados también cuestionan supuestos vínculos entre algunos adjudicatarios y personas relacionadas con el entorno del INABIE. En el caso de Cabrera Heredia, señalan a su padre, Francisco Alberto Cabrera Javier, conocido como “Don Lolo”, y alegan que tendría vínculos con el actual director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León.
Estas afirmaciones forman parte de las denuncias de los afectados y no implican por sí mismas responsabilidad de los funcionarios o proveedores señalados.
Denuncian posibles vínculos entre empresas y políticos
Otro de los aspectos cuestionados es la existencia de aparentes vínculos entre empresas que participaron de manera independiente, pero que, según los afectados, podrían estar relacionadas entre sí.
Lara mencionó los nombres comerciales Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet.
Como ejemplo, explicó que Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz figura como titular del nombre comercial de Gilkiri, S.R.L., adjudicada con RD$34 millones 997 mil 811, y también aparece relacionado con Azul Divino, que recibió RD$23 millones 281 mil 886.
“Ya estamos hablando de tres empresas. Entonces, ¿eso es coincidencia?”, cuestionó Lara al referirse a otras compañías que, según su denuncia, estarían vinculadas a miembros de una misma familia.
Los afectados también identificaron adjudicatarios que, según aseguran, tendrían conexiones políticas.
Entre ellos mencionaron a Dignora Ortiz, de quien alegan que mantiene vínculos con autoridades municipales de Hato Mayor y San Pedro de Macorís.
Asimismo, cuestionan la adjudicación a CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como “El Primo”, esposo de la diputada por San Pedro de Macorís Carolina Paula, conocida como “La Prima”.
La empresa recibió un contrato por RD$28 millones 155 mil 710, aunque, según los denunciantes, el INABIE había señalado incumplimientos relacionados con el formulario de presentación de ofertas y la declaración de conflicto de interés.
También fueron señaladas Helen Elizabeth MacCow, adjudicada con RD$28 millones 931 mil 766, y Nicole Elizabeth James Cotes, con RD$25 millones 501 mil 350.
Los denunciantes sostienen que estas empresas podrían tener vínculos entre sí y hablan de una posible colusión, extremo que corresponde determinar a las autoridades.
Proveedores afectados aseguran haber quedado fuera
Mientras algunos de los adjudicatarios cuestionados obtuvieron contratos millonarios, proveedores que participaron en el proceso aseguran haber quedado fuera pese a contar con experiencia, infraestructura y buenas calificaciones.
Uno de ellos es Rafael Emilio Tejeda, quien afirma que tenía más de 12 años como suplidor y realizó una inversión de varios millones de pesos en equipos especializados.
Según explica, su propuesta obtuvo una puntuación de 89 puntos, pero aun así quedó fuera.
“Yo quedé por encima de mucha gente que estuvo descalificada y la habilitaron. Yo no entiendo”, expresó Tejeda.
El proveedor estima que su inversión en equipamiento oscila entre RD$4 y RD$5 millones, además de un préstamo hipotecario de aproximadamente RD$5 millones para adquirir el local.
“Yo soy papá y mamá, porque mi esposa falleció de cáncer. Tengo una hija que va para la universidad. Entonces, el director no da la cara”, manifestó.
Una situación similar atraviesa Elena Rijo, quien participó por primera vez en el proceso con un restaurante de más de 22 años de operación.
Rijo obtuvo una puntuación de 89.25, pero no fue seleccionada para suplir una escuela cercana a su establecimiento.
“Nosotros como empresa sacamos 89.25 y estamos de una escuela a 220 pies. Y le adjudicaron la escuela a una cocina que está a dos kilómetros y medio”, cuestionó.
Los afectados también denunciaron un cambio en la metodología para medir las distancias. Según explican, la licitación establecía inicialmente que se utilizaría Google Maps, pero durante el proceso este criterio habría sido sustituido por otra aplicación.
A juicio de los proveedores, esto terminó afectando a participantes cuyas cocinas estaban ubicadas cerca de los centros escolares, mientras otros, situados a varios kilómetros, resultaron favorecidos.
Para Lara, la distancia es fundamental para garantizar que los alimentos lleguen en condiciones adecuadas.
“Cuando tú estás cerca del centro, eso permite que la comida llegue en condiciones favorables, caliente y en condiciones óptimas”, explicó.
Afectados recurren el proceso
Ante las presuntas anomalías, los proveedores afectados depositaron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, en el que alegan un agravio a sus derechos y al principio de igualdad de trato.
Noticias SIN solicitó una entrevista al director ejecutivo del INABIE, a través del Departamento de Relaciones Públicas de la institución, pero al cierre de esta información permanecía a la espera de respuesta.
Mientras tanto, este jueves el INABIE informó la suspensión de 14 proveedores por irregularidades detectadas en procesos de almuerzo y desayuno escolar en 12 localidades, incluida San Pedro de Macorís.
La institución también anunció nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en esa demarcación. Entre los hallazgos reportados figuran cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones declaradas, instalaciones en remodelación y cambios de domicilio sin autorización.
Ahora corresponde determinar si las denuncias responden a casos aislados o si evidencian fallas más profundas en un proceso que compromete más de RD$1,900 millones y la alimentación de miles de estudiantes.
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