Recientemente salió a relucir que el Estado dominicano tiene que pagarle mensualmente a una de las mas ricas familias del país 4.6 millones de dólares por tener apagadas las plantas eléctricas que le rentaron al país a través de unos contratos leoninos aprobados por los mismos políticos corruptos que han saqueado las arcas nacionales en los últimos 40 años.
Esto viene a sumarse a los cientos de contratos, exenciones y facilidades tributarias que la débil democracia dominicana le concede a la clase empresarial.
Una clase empresarial que no ha sido capaz de desarrollar esas ideas innovadoras que los conduzcan al éxito fundamentado en el mérito sino en la dádivas y facilidades provistas por nuestro Estado.
Millones de dólares son pulverizados del presupuesto público para garantizar la gobernabilidad en una República Dominicana sacudida por uno de los mayores niveles de desigualdad social de todo el continente.
No podemos continuar así, hay que arrebatarle a la clase gobernante y a la franja empresarial irresponsable, la parte del pastel que le corresponde al pueblo.
Porque como bien dijo de forma categórica una joven activista «o el pastel se reparte igualitariamente para todos o que no se reparta para nadie».
