EDITORIAL: Sobre el acuerdo de pre-autorización suscrito entre RD-EEUU

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El Tribunal Constitucional dominicano está apoderado de un recurso sometido por el presidente Medina en el que se procura validar la constitucionalidad del acuerdo suscrito entre los Estados Unidos y la República Dominicana, donde nuestra estructura portuaria y aeroportuaria estarían dotadas, según consideren los EEUU, de un departamento con personal norteamericano que supervisara, acorde a sus propias normativas jurídicas, el tránsito de personas y mercancías.

Este tipo de acuerdo los Estados Unidos lo han implementado con apenas 6 países mas: Aruba; Freeport y Nassau, Bahamas; Islas Bermudas; Calgary, Toronto, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa, Vancouver y Winnipeg, Canadá; Dublín y Shannon, Irlanda; Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

A sabiendas de la presunción de inscontitucionalidad de dicho acuerdo, el presidente Medina lo puso en la esfera del tribunal constitucional para su  validez.

Este acuerdo pudiese parecer un privilegio concedido por las autoridades norteamericanas al «Estado» dominicano, según las propias justificaciones esgrimidas por las autoridades nacionales en el recurso sometido ante el TC. Pero no es así, este acuerdo plantea una expansión en el ámbito de aplicación de las normas jurídicas norteamericanas en territorio dominicano. Violando con esto el articulo 4to. de la constitución dominicana que plantea la inviolabilidad de la soberanía territorial.

Este acuerdo que a todas luces es inconstitucional será anulado por el Tribunal Constitucional, ya que existe un precedente con la sentencia 315-15 en la que se anuló otro acuerdo suscrito entre los EEUU y la República Dominicana, que contemplaba conceder al personal militar y funcionarios civiles del departamento de defensa de los EEUU los mismos privilegios e inmunidades que goza el personal diplomático de todos nuestros países.

Dado este precedente reciente, estamos convencidos de que el TC fungirá nuevamente como garante del sagrado principio de la inviolabilidad territorial de la República Dominicana que procura salvaguardar la integridad del Estado nuestro.