La Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic) de Honduras presentó hoy un requerimiento fiscal contra 38 hondureños, entre ellos diputados, que habrían desviado más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.
El caso, denominado «Pandora», involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, quienes son acusados por presunto «abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras».
El anunció lo hizo en rueda de prensa la jefa interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Calderón indicó que el caso fue investigado por un equipo de investigación y persecución penal integrado por expertos de la Maccih y la Ufecic luego de conocer una denuncia que realizó Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
El empresario italiano denunció una presunta «utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. se acumuló a la misma, la auditoría especial realiza por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)», añadió.
«Le propusimos al Ministerio Público que teníamos la sospecha que se trataba de una red de corrupción y se propuso que pasara a la Ufecic para que pudiera ser trabajada por los equipos integrados de investigación», subrayó Calderón.
El equipo de investigación halló «indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), enfatizó.
Los recursos provenían de las secretarías de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones «Todos Somos Honduras» y «Dibattista», precisó la Maccih.
A esas dos fundaciones se «les otorgó los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal», añadió.
Según la investigación, los recursos se habrían utilizado para financiar una tarjeta de descuentos denominada «La Cachureca», que el gobernante Partido Nacional entregó a sus simpatizantes en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013, las que ganó Juan Orlando Hernández, presidente reelegido en los comicios de 2017.
Parte de los fondos habrían sido entregados a coordinadores de campaña del Partido Nacional y otros se utilizaron el día de las elecciones, añade un comunicado de la Maccih.
Asimismo, se utilizaron para comprar dos oficinas en un edificio de Tegucigalpa y se pagó un préstamo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por un poco más de 99 millones de lempiras (más de 4,1 millones de dólares), según la misión de la OEA.
La jefa interina de la Maccih señaló que esa Misión seguirá trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y otros pendientes de presentar.
