La Suprema Corte de Justicia de México, en llamas

DW. En los pasillos, en las oficinas, en la Primera y Segunda Sala y en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace una semana comenzó un peligroso incendio. El humo negro ha manchado la alfombra roja que cubre el suelo del recinto y las finas maderas que cubren sus muros. Ha enturbiado la autonomía  de los Ministros; pero sobre todo ha empañado las letras doradas que enmarcan la sala de sesiones: «La Patria es Primero” hasta hacerlas cási ilegibles, o peor aún, sin sentido.

La Corte es el órgano máximo del Poder Judicial en México y su función principal es vigilar y garantizar el respeto a la Constitución, la ley máxima donde están plasmados los preceptos que dan cuerpo y alma a México.

Pese a los múltiples defectos de las instituciones, la violencia, la corrupción y el poder del crimen organizado, hasta ahora la Corte se había mantenido como uno de los últimos bastiones que hacen que México pueda seguir catalogándose como una nación democrática. El incendio amenaza con destruirla.

Los responsables de la conflagración tienen nombre y apellido: son el propio Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en complicidad con el representante máximo del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador; y varios legisladores del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de otras minorías partidistas aliadas a cambio de beneficios políticos. Los tres poderes -Ejecutivo, Judicial y Legislativo-, que por norma deben estar distantes, se han aliado para acabar con la autonomía de la Corte. 

El golpe a la Corte

La Constitución ordena que el Presidente de la Corte solo puede ser electo entre los 11 ministros que integran el órgano, y debe ser votado por los propios ministros, sus iguales. Así se garantiza  la paridad entre ellos y el derecho de cada uno a elegir y ser electo. El titular de la Corte solo puede ser nombrado por un periodo de 4 años y no puede ser reelecto para el periodo inmediato. Con este método constitucional, el ministro Arturo Zaldívar fue electo en enero de 2019  Presidente de la Corte, y su periodo debería concluir en 2022.

El 15 de abril pasado, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado tomaron por sorpresa a la oposición y de última hora añadieron y aprobaron un último párrafo, un artículo transitorio,  a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se ordena que Zaldívar no durará cuatro años, sino seis, como titular de la Corte, violando la Constitución. Y también se ordena la ampliación ilegal del periodo de los miembros del Consejo de la Judicatura, el órgano de justicia que regula al poder judicial, para que en vez de que estén cinco años permanezcan siete.

En un claro «golpe» a la independencia de la Corte, el Poder Legislativo se convierte en el elector indirecto del Presidente de la Corte, e impone al Poder Judicial el mandato de Zaldívar. El artículo añadido está hecho sólo para beneficiar al actual ministro Zaldívar, cuando él termine su periodo en 2024, sus sucesores serán electos de la forma constitucional por un periodo de cuatro años.

No es una casualidad que el periodo de Zaldvíar se haya hecho tan largo como el periodo Presidencial de AMLO, que concluye de igual modo en 2024.  ¿En qué está pensando el Presidente, que necesita un amigo incondicional en la Corte hasta el día en que termine su mandato? ¿Qué quiere hacer con esa ventaja?

La Corte en llamas

He podido consultar en los últimos días a diversas personas vinculadas a la Corte. Aunque desde que se aprobó la reforma en el Senado -ratificada en la Cámara de Diputados- ningún Ministro en funciones se ha pronunciado públicamente, sé que al interior del recinto de la Corte hay un incendio, hay rabia y desconfianza entre los ministros,  magistrados y jueces.

Se sienten traicionados principalmente por su par, Zaldívar, quien con esta reforma deja de ser un igual y se convierte en un mando supremo impuesto por otro poder.

Me refieren que desde hace mes y medio se habían encendido los focos rojos en la Corte, cuando Zaldívar comenzó a establecer requisitos para el nombramiento de miembros del Poder Judicial que solo podían cumplir sus allegados e incondicionales.

La Corte es un órgano colegiado, las decisiones que toman son sobre los temas jurídicos más trascendentes del país, las votaciones del Pleno en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad deben ser por mayoría. Si no hay mayoría, es el Presidente de la Corte quien tiene el voto de «calidad”. ¿Qué credibilidad tendría el voto de un hombre que se impone a sus pares violando la Constitución que se supone debe proteger?

En el caso del Consejo de la Judicatura, está conformado por siete miembros. De acuerdo a la Constitución está presidido por Zaldívar, tres consejeros designados por el Pleno de la Corte, dos por la Cámara de Diputados y uno directamente por el Presidente de la República en turno. Actualmente, cuatro de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura, incluyendo Zaldívar, son afines a AMLO.

 «Exhorto a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que sigamos siendo dignos de esta independencia que nos otorga la Constitución, para que podamos recobrar la confianza de la ciudadanía, en bien de este país…”, dijo Zaldívar cuando asumió el cargo de Presidente de la Corte en enero de 2019. Hoy guarda silencio ante la violación a esa autonomía.

En los chats entre integrantes del Poder Judicial donde se encuentran ministros, magistrados y jueces, se critica severamente el golpe a la Corte y se habla ya del «grupo de los arrepentidos” que apoyaron a Zaldívar para llegar a la Presidencia de la Corte. Los integrantes del Poder Judicial, habitualmente distantes por sus diversas corrientes ideológicas, rechazan por unanimidad la violación a la Constitución, y señalan que actuarán sin que les tiemble la mano.

La fractura dentro de la Suprema Corte de Justicia, entre su Presidente y el resto,  en un momento de fragilidad democrática y autoritarismo, en un momento de polarización, no beneficia los intereses de la nación.

Los autores intelectuales y materiales del golpe

Los autores del golpe a la Corte -avalado ya por la Cámara de Diputados- deben conocerse ante los ojos de la opinión pública. El daño a la Corte está hecho, y Zaldívar no tiene ya calidad moral para encabezarla.

He hablado con diversas personas buscando explicaciones de lo que ocurre. Desde el Palacio Nacional me señalan personas muy cercanas a AMLO que no hay ni siquiera a quién culpar. No hay un súper asesor, algún Rasputín, alguna una mente siniestra que esté mal asesorando al Presidente, es él quien ha tomado la decisión.

Me indican que nadie opina y nadie le asesora. Los pocos que se atreven a cuestionarlo salen echando chispas de su oficina porque no escucha a nadie. Andrés Manuel está solo en el laberinto de su cabeza, y ya ni para los suyos es claro si ese intrincado sendero lleva a algún destino seguro o un despeñadero.

«Ya es un peligro opinarle al Presidente, se enoja mucho”, me comentó uno de sus colaboradores, «ya nadie lo detiene”.

Otros me confirmaron que la ampliación del mandato de Zaldívar fue una promesa del propio AMLO al Presidente de la Suprema Corte. AMLO públicamente ya dijo que está de acuerdo con dicha reforma que viola la Constitución,  aunque tras bambalinas esto le esté provocado un sisma dentro de su equipo y dentro de algunos legisladores de Morena que aún distinguen que su mayor lealtad la deben a México y la Constitución.

AMLO afirma que Zaldívar es el único que puede llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, insultando y descalificando indirectamente a los otros diez Ministros. Dos nombrados por él mismo.

De todas las voces que escuché para escribir este artículo, las más preocupadas pertenecen a quienes son cercanos a AMLO. Evidentemente ven cosas que como ciudadanía aún no terminamos de descifrar.

En el Senado los legisladores de Morena en otras ocasiones me han admitido que nada se mueve en la bancada o bancadas a fines fuera de los lineamientos del coordinador parlamentario Ricardo Monreal, por lo que es a él a quien se atribuye haber concretado la inclusión de última hora del artículo inconstitucional.

Y se sabe que Monreal, quien quiere suceder a AMLO en la Presidencia de la República, no habría hecho nada sin la previa línea de AMLO. Y ninguno de los dos hubiera podido dar el albazo sin el consenso de Zaldívar.

El Ministro Arturo Zaldívar dijo al inicio de su mandato como Presidente de la Corte que su objetivo principal era combatir la corrupción dentro del Poder Judicial. Es extraño su estilo, si para hacerlo él mismo debe romper la ley. 

Ojalá que esto no sea un mal presagio. AMLO también dice que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción y la desigualdad, no lo ha hecho aún. Ojalá que tampoco quiera romper la Constitución y quedarse más tiempo en el cargo con el pretexto de llevar a término su «misión”. La historia del último siglo ha dado al mundo crudas lecciones sobre este tipo de personajes en América Latina, y el resto de los continentes.

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