Abinader asume las riendas de una nación al borde del colapso

Santo Domingo.- Con promesas de cambios profundos en el Estado, una grave crisis sanitaria y económica, recaudaciones tributarias en el suelo, aumento desorbitado del desempleo, y una presencia masiva de inmigrantes ilegales haitianos, es el escenario en el que asumirá este domingo la presidencia de la República Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Abinader, acompañado por Raquel Peña en la vicepresidencia, sustituye a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien culmina ocho años en la Presidencia.

La esperanza de la población abarca no solo una mejoría en sus condiciones de existencia, sino también que se procese a los exfuncionarios considerados corruptos.

Incluso hay expectativas de que hasta otra reforma constitucional se pudiera encaminar en el país, una posibilidad que inquieta en distintos sectores, debido a las amargas experiencias de otras modificaciones de la Carta Magna.

El nuevo Presidente tendrá el desafío de enfrentar en lo inmediato una baja notable en las recaudaciones fiscales, el equipamiento de los hospitales, así como la exigencia de que se realicen pruebas masivas para determinar cuantos infectados de covid-19 hay en República Dominicana.

En tanto que son pocos probables las celebraciones con motivo de la toma de posesión debido a que están prohibidas las aglomeraciones para evitar contagios de coronavirus.

Uno de los principales desafíos que afrontará la Administración de Abinader será de carácter económico debido al desplome de las recaudaciones provocadas por la incidencia de la pandemia de covid-19 en el país.

En ese sentido anunció que se someterá la reformulación de la Ley 68-20 de Presupuesto y Gastos Públicos la cual fue concebida para atender los gastos de emergencia en los que tuvo que incurrir el Gobierno para atender la crisis sanitaria y la disminución de las recaudaciones.

Entre las modificaciones del presupuesto se contemplará una partida de 15 mil millones de pesos para la construcción y reparación de 30 mil viviendas en las poblaciones más afectadas por la tormenta Isaías en las poblaciones de los litorales este y noroeste.

Esos recursos ya estarían identificados y parte de ellos provendrán de los destinados a instituciones que serán eliminadas o fusionadas, indicó.

Ya había anunciado igualmente que parte de los recursos que estaban destinados a las empresas que serán eliminadas o fusionadas, será para garantizar que toda la población tenga seguro de salud.

Entre las instituciones que serán fusionadas o eliminadas están el Despacho de la Primera Dama, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). También se fusionará el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con Bienes Nacionales.

Los cambios también incluirían una reforma constitucional para, entre otros puntos, consignar un fiscal independiente. El anuncio en ese sentido lo hizo Antoliano Peralta, designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y provocó inquietud en muchos sectores por las amargas experiencias del pasado.

Algunos afirman que para garantizar un procurador independiente el gobierno de Abinader no necesitaría de una modificación de la Carta Sustantiva.

Ya Antonio Almonte, designado ministro de Energía y Minas, informó que el gobierno de Abinader hará una auditoría económica y financiera sobre el proceso de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina.

Aseguró que se sabrá si Punta Catalina, técnicamente hablando, “es lo que se compró y si produce al máximo lo que está estipulado y cuál es la fiabilidad de desempeño”.
Reajuste

Como parte de los cambios para ahorrar recursos y eficientizar los servicios, Abinader informó que la Comisión Nacional de Energía pasará al Ministerio de Energía y Minas a través del Viceministerio de Energía, mientras algunas de las funciones de la CDEEE pasarán a otras entidades y al Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS) será modificada, porque no se justifica que tenga unos costos operacionales grandísimos y una serie de contratos que no tienen sentido.

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