Con el decreto 461-25 emitido por la Presidencia para realizar cambios en el tren gubernamental, el mandatario Luis Abinader busca enviar un claro mensaje, según lo estableció en un comunicado de prensa: fortalecer áreas estratégicas, reafirmando el compromiso de seguir impulsando “la transparencia, eficiencia y el servicio ciudadano”.
En los últimos días, dirigentes del oficialismo han expresado que esperan una variación en los nombres de funcionarios pertenecientes al mandato del presidente. Así lo manifestaron los diputados perremeístas Robinson Díaz y Juan Medina al ser consultado por la prensa el pasado 14 de agosto.
Precisamente, Abinader tomó la decisión de intercambiar las posiciones de algunos funcionarios y, en otros casos, nombrar nuevos incumbentes en instituciones gubernamentales que han sido desde hace semanas el principal foco de cuestionamiento en la opinión pública.
INABIE
Un ejemplo de esto es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde el gobernante envió a Adolfo Pérez de León, en sustitución de Víctor Castro, quien ocupaba el cargo desde noviembre desde 2021.
Desde 2020, el Inabie ha estado siendo observada por la Dirección de Contrataciones Públicas debido a supuestas irregularidades en procesos de licitaciones.
Cecilio Rodríguez Montás fue destituido de la posición en noviembre del año 2021, en medio de denuncias de suplidores del almuerzo escolar.
El entonces ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que recibió un informe que establecía que en el Inabie existían “fallas importantes que requieren cambios significativos”.
Uno de los más recientes inconvenientes en la institución se registró en agosto de este año de 2025, cuando el órgano supervisor del Poder Ejecutivo ordenó anular 25 adjudicaciones desarrolladas por la institución para la confección y adquisición de zapatos escolares que serían utilizados por alumnos del sector público.
Eso ocurrió debido a que, según la investigación de Contrataciones Públicas, el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE incurrió en “actuaciones contrarias a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia”.
“(De) 101 proveedores (adjudicados), 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez”, indica la resolución RIC-0106-2025.
Hasta la publicación de este escrito, Víctor Castro queda sin funciones, ya que el presidente Abinader no le instruyó una nueva responsabilidad gubernamental.
Promesecal
Sin embargo, la antigua dirección de Adolfo Pérez, quien pasa a ocupar la posición de Castro, estuvo también en el centro de la atención ciudadana por denuncias de supuesta ineficiencia.
En su paso por el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal), función que lideró por cinco años y un día, la gestión de Pérez fue denunciada de manera constante por permitir que las farmacias de suministro médico estén, supuestamente, “vacías”.
El pasado 3 de julio, reporteros del Listín Diario visitaron varias localidades de la provincia Santiago, donde pudieron constatar la falta de medicamentos esenciales que estaban presentando la mayoría de estos establecimientos farmacéuticos. Los sectores visitados fueron los siguientes: Cienfuegos, Bella Vista, Ensanche Bermúdez y otras en Santiago de los Caballeros.
Además, la presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana, Kirenia Tavarez, lamentó el pasado 13 de mayo que el estado de las instalaciones del programa gubernamental estuviese provocando el deterioro de los servicios, alegando una reducción en la cantidad de fármacos disponibles.
Senasa
Abinader designó a Edward Rafael Guzmán Padilla como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa), en sustitución de Santiago Hazim, quien no tiene una nueva posición en la lista de funcionarios.
Esta institución descentralizada del Gobierno, encargada de la administración de riesgos de salud para sus afiliados, también fue objeto, desde inicios del año, de cuestionamientos debido a quejas generadas por falta de funcionamiento en la cobertura, así como también, según afirman organizaciones políticas opositoras y el Colegio Médico Dominicano, el retraso en los pagos que debe realizar a doctores y clínicas privadas, evidenciando una grave crisis financiera.
Pero, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales aseguró el pasado 26 de junio que la posibilidad de sufrir un quiebre económico en Senasa no existe, ya que pertenece al Estado dominicano.
El primer mandatario coincidió cuatro días después con esta posición, alegando que en Senasa no se registra un déficit, contradiciendo las declaraciones de las entidades políticas opositoras, Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). No obstante, Abinader sí confirmó que Senasa necesitaba más recursos, por lo que entregaría un aporte extra en su apartado dentro del presupuesto.
Violación a la ley
Además de este escenario, Senasa tuvo que ser impedida por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la ejecución de un proceso de licitación con la empresa Farmacal. La entidad supervisora aseguró que Senasa violó la Ley 340-06 al contratar un servicio de naturaleza administrativa y tecnológica, no contemplado en la Ley 87-01 de Seguridad Social. La resolución RIC-0109-2025 compartida el pasado 15 de agosto evidencia el alegado incumplimiento de principios esenciales como la “legalidad, debido proceso, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad”.
Antes de su salida, el pasado viernes, Hazím informó por medio de una nota de prensa institucional que acogía las recomendaciones de Contrataciones Públicas y ordenaba convocar a un nuevo proceso de licitación.
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