Debido a lo “amplio” del pedido de no persecución penal que acordó la Procuraduría General de la República con Odebrecht (PGR), Ángel Rondón podría valerse de su perfil de representante comercial de la firma en el país para evitar ir a un proceso judicial, y por lo tanto, ir a la cárcel.
“Ahora mismo el acuerdo PGR-Odebrecht es un punto importantísimo, porque establece una inmunidad para los funcionarios de Odebrecht y sus socios. Y por eso los grupos económicos que eran acompañantes de Odebrecht en las licitaciones no han sido perseguidos, por lo que podrían beneficiarse de la inmunidad”, dijo el abogado experto en derecho penal Félix Portes.
Errores garrafales en el expediente
“Es impresionante la cantidad de imprecisiones que hay en la formulación de los cargos; la PGR tiene tiempo para arreglar ese mamotreto”, Félix Portes, abogado penalista.
Según el jurista, al acordar establecer las inmunidades de una forma “tan genérica”, cualquier persona podría acogerse a ella porque no especifica cantidad ni forma.
Un fragmento del acuerdo que todavía no ha sido colocado a la luz pública dice: “Esta Procuraduría prescindiría de la acción penal exclusivamente en contra de dicha empresa, sus sucursales, subsidiarias, sus empleados, funcionarios y directores actualmente sujetos a persecución penal en Brasil”, añade el documento tras declarar que la Procuraduría General ha considerado pertinente y útil para la investigación aceptar la propuesta en cambio de la entrega de información relevante y precisa que posibilite el avance de la investigación.
Podría ser el fin de la impunidad en RD
“Este proceso marcaría el inicio para desterrar de la República Dominicana ese fantasma que se llama impunidad”, Trajano Potentini, Fundación Justicia y Transparencia(FJT).
“Mañana, por ejemplo, Odebrecht puede decir que cualquiera ha sido su socio o subsidiario, por lo que estaría protegido por dicho acuerdo. En el caso de Rondón, Odebrecht lo certifica como funcionario, lo cual se puede verificar en la sentencia que homologó el acuerdo”, indicó Portes.
Expediente acusatorio de la PGR está lleno de errores
Sobre la instrumentación del expediente que ha formulado la PGR contra los 14 imputados por sobornos, Félix Portes lo define como “totalmente deficiente”, con errores garrafales e incoherencias que podrían dañar el desarrollo del proceso.
“Es impresionante la cantidad de imprecisiones que hay en la formulación de los cargos, debido a que no establecen fechas, montos, lugares, modos o formas de cómo se realizaron los sobornos”, dice el penalista.
En el expediente no hay ningún tipo de certificación aportada que vincule a los imputados como accionistas de las empresas que señalan como las receptoras de los sobornos, indicó el abogado Portes, además de que muchas de las pruebas presentadas carecen de la pretensión probatoria, lo que harían inadmisibles esas pruebas.
“Por poner un ejemplo de las imprecisiones, falsedades y errores garrafales en los que ha incurrido el Ministerio Público… en una parte del expediente el Procurador establece que Temístocles Montás fue ministro desde el año 2000 al 2004. Cuando es de conocimiento público que quien ostentaba la presidencia en ese momento era Hipólito Mejía, que es de un partido totalmente distinto al de Montás”, senaló.
Otro de los errores cometidos por la PGR es que están haciendo una imputación al senador Tommy Galán bajo la Ley 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio, pero esa ley fue derogada en el año 2014.
“Además, en el caso de Galán debieron acusarlo en 2006 que fue en el momento que hizo el ilícito, cuando omitió información sobre su patrimonio, y no venir 15 años después para acusar… la acusación ya fue prescrita, por lo que ya se venció el plazo”, explica Félix Portes.
“Esas incongruencias son pequeñas muestras de lo mal fundamentada e imprecisa que es la solicitud de medida de coerción”, critica el jurista, que además condena que de la forma en que está redactada deja en un estado de indefensión a mucho de los acusados, porque ellos no saben ni cuándo ni cómo ni dónde han cometido la supuesta falta.
“El Ministerio Público debió fundamentar su expediente, porque de la forma en la que esto va, va mal. Como lo han hecho y como lo han presentado… de la forma que esto va, hay pocas posibilidades de que si se aplica justicia, esas personas sean condenadas sin perjuicio de que sean responsables o no, porque una cosa es ser inocente y otra muy distinta es que te declaren no culpable por falta de pruebas. Las investigaciones deben profundizarse, y ahora la PGR está a tiempo de arreglar este mamotreto que ha hecho”, concluyó Portes.
“El caso apenas inicia. Hay mucha tela de dónde cortar”
De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini Vidal, se mostró satisfecho con la labor que ha realizado la Procuradría e indicó que “a penas se está en el inicio del proceso y queda mucha tela por donde cortar”.
“El expediente a penas inicia, creo que se irán integrando nuevos elementos, por lo que pienso que la PGR ha hecho una gran labor. Veo que no se han suscrito solamente al ámbito del soborno, sino que se están haciendo eco de otras diez acusaciones más graves todas, como lavado de activos, asociación de malhechores, asociación de funcionarios, violaciones en la declaración patrimonial entre otros cargos. Se hizo un historial del desarrollo de las fortunas para explicar un eventual enriquecimiento ilícito y me parece bien instrumentado”, dijo.
Según el abogado, hay algunos puntos de carácter formal que deberán mejorarse. Pero no le cabe duda de que este proceso marcaría el inicio de desterrar de la Republica Dominicana ese fantasma que se llama impunidad.
“El hecho de que no es un tema exclusivamnete del país hace que las informaciones que se manejen sean transparentes. Tenemos que seguir apostanto a las presiones, al seguimiento, a la vigilancia, y a los reclamos cívicos para que la justicia cumpla con su rol”, concluyó Potentini Vidal.
