SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El grupo político Bien Común exigió hoy la “renuncia inmediata” del ministro de Educación, Andrés Navarro, por considerar que el funcionario viola la Ley de Función Pública al estar en una “permanente y multimillonaria” campaña electoral, mientras las escuelas presentan “dramáticas deficiencias” de suministro de materiales y gestión de servicios.
En una rueda de prensa celebrada frente al Ministerio de Educación, donde presentaron a modo de ejemplo y recordatorio un paquete con rollos de papel de baño, escobas, suapes y otros suministros básicos faltantes en escuelas de todo el país, Bien Común aseguró que las gestiones de Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret frente al Ministerio de Educación deben ser objeto de una profunda auditoría, para investigar si las “multimillonarias precampañas presidenciales” de ambos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se han financiado o no con los recursos del 4%.
“En este país no se puede hablar de una revolución educativa cuando en las escuelas faltan los insumos más básicos, el suministro de alimentos falla constantemente y numerosas instalaciones presentan un franco deterioro. Este pueblo salió a las calles a exigir y conquistar el 4% para tener una educación digna y de calidad, no para financiar los gastos de campaña de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana”, declararon representantes del colectivo.
Bien Común recordó que la Ley de Función Pública en su artículo 80, párrafo 13 prohíbe a los funcionarios “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.
Bien Común observó como una irregularidad preocupante el hecho de que en el presupuesto del 2019 el Ministerio de Educación concentre más de RD$9,100 millones (más que el presupuesto de 6 ministerios juntos) en “dirección y coordinación superior”, bajo un esquema de libre disposición del ministro y su despacho, sin ningún criterio de tiempo, lugar o concepto de tipo de gasto.
Sobre las escuelas que presentan problemas de abastecimiento, Bien Común puso varios ejemplos de esta misma semana. En el Distrito Nacional, en la escuela básica Benito Juárez no han llegado los uniformes ni los libros de textos; en la Escuela San Pablo Apóstol no han llegado los formularios de registro, los libros de texto ni uniformes; en la Escuela Padre Arias y en la Fidel Ferrer se vieron en la necesidad de comprar directamente los registros porque los del Ministerio aún no han llegado; en el Liceo Aura Violeta Forietieri y en la Escuela básica Juan Bosch tampoco han entregado los formularios de registro ni los uniformes.
En el distrito 10-05 de Boca Chica, Bien Común confirmó que a la fecha la asignación económica para abastecimiento llega de forma irregular, y cuando llega hay que distribuirla entre los centros en los que hay deficiencias, limitando la capacidad de adquisición de material gastable de uso diario y recursos didácticos necesarios para las clases. Por ejemplo, en el centro educativo Marta Rosa Castillo no llega la asignación económica básica desde abril del 2018.
En el Liceo Francisco del Rosario Sánchez (La Caleta), la Escuela Concepción Bona (Los Botaos Norte) y la Escuela Dedé Mirabal (Los Tanquicitos) se reporta la falta de mobiliario como pizarras, butacas, sillas, mesas, escritorios, archivos y lockers. En los liceos, afirman, aún no llegan los registros de grado para la secundaria ni los libros adecuados al nuevo currículo. Las cocinas, en los centros en los que hay, no están completamente equipadas. En el centro Dario Gómez (El Valiente), Eladio Antonio Aquino (La Caleta) y Escuela Maria Caro (La Caleta) no hay ni siquiera agua potable.
Bien Común afirmó que, a pesar de las múltiples carencias, en 2018, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) dejó de invertir más de RD$ 5,100 millones, cerca de un 25% de lo presupuestado, para materiales y suministros.
