Ambientalista Luis Carvajal deplora no se sancionen a inversionistas que explotan áreas protegidas

El verdadero problema de la intervención humana en el Parque Nacional Valle Nuevo, ubicado en el municipio Constanza en la provincia La Vega, y otras áreas protegidas es que no se sanciona a los grandes inversionistas que con su “riqueza extrema” y “descarada” financian las labores agrícolas en esas zonas.

Este planteamiento lo hizo ayer el ambientalista Luis Carvajal, quien junto a representantes de la Academia de Ciencias y otras organizaciones medioambientales denunció que las áreas protegidas del país están gravemente amenazadas debido a la falta de acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Quienes están ocupando estas áreas es gente que tiene poder económico, capacidad política o influencia militar o las tres cosas juntas o dos de ellas combinadas. Es sobre ellos que hay que actuar y es sobre ellos que nosotros le pedimos a la Procuraduría de Medio Ambiente que ponga su ojo”, manifestó Carvajal durante una rueda de prensa realizada en la sede de la Academia de Ciencias.

Carvajal planteó que las autoridades correspondientes deben identificar quiénes son los que financian los delitos porque nada se logra con castigar a quienes trabajan si no se sanciona a los que manejan el negocio, a quienes contratan la mano de obra barata para destruir las áreas protegidas.

“¿Quien es el delincuente, el que va a allí porque lo llevan por paga o el que está contratando y pagando para ello?”, cuestionó el ambientalista. Carvajal insistió en que solicitan a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, rama especializada de la Procuraduría  General  de  la República, su intervención para desalojar todos los asentamientos agrícolas de las áreas protegidas.

Las organizaciones ambientalistas denunciaron que la situación es grave y evidente en otros parques nacionales como Sierra de Bahoruco, Jaragua, Los Haitises, Manolo Távarez Justo, Nalga de Maco, Sierra de Neiba y otros.

Entre las  entidades denunciantes se encuentran el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Academia de Ciencias, entre otras.