Una vez más Amnistía Internacional puso en la mirilla a República Dominicana entre los temas que señala que afecta al país están: La discriminación, apátridas, Policía Nacional y fuerzas de seguridad, derechos de las personas refugiadas y migrantes, derechos sexuales y reproductivos, violencia contra mujeres y niñas, derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
A continuación informe completo:
República Dominicana sufrió una serie de desastres naturales que azotaron el Caribe durante el año, incluidos dos huracanes de gran magnitud en septiembre. Este hecho, junto con las inundaciones que se habían producido anteriormente también en 2017, causó el desplazamiento temporal de decenas de miles de personas y graves daños en infraestructuras. República Dominicana, como muchos pequeños países insulares en vías de desarrollo, seguía siendo muy vulnerable al cambio climático, que la comunidad científica relacionaba con los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. El 21 de septiembre, el país ratificó el Acuerdo de París de la ONU sobre el cambio climático.
Las denuncias de que varias autoridades dominicanas habían recibido sobornos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht desencadenaron manifestaciones multitudinarias contra la corrupción por todo el país, agrupadas en el movimiento Marcha Verde. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la cuestión “Derechos humanos y denuncias sobre impunidad y corrupción en República Dominicana”.
En mayo, la relatora especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía visitó el país. Instó al gobierno a que todas las estrategias turísticas tuvieran como eje central la protección infantil.
- Discriminación: apátridasRepública Dominicana continuó incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto de un gran número de personas apátridas nacidas en el país a las que se había privado de manera arbitraria y retroactiva de la nacionalidad dominicana en septiembre de 2013.1La Ley 169-14, adoptada en mayo de 2014 para abordar la crisis de apatridia, seguía aplicándose de manera deficiente. Según estadísticas oficiales, sólo 13.500 personas pertenecientes al denominado “Grupo A”, creado por dicha ley, (de 61.000 personas, según cálculos oficiales) pudieron acceder a algún tipo de documento de identidad que demostrara que eran de nacionalidad dominicana. Mientras tanto, a muchas de esas personas les anularon el certificado de nacimiento original y les transfirieron el nuevo a un registro civil distinto sin que se hubieran adoptado las medidas necesarias para evitar que en el futuro siguieran sufriendo tal discriminación.Durante el año apenas se avanzó en el Plan de Naturalización establecido por la Ley 169-14 para las personas del “Grupo B” (aquellas cuyo nacimiento no se habían inscrito en el Registro Civil dominicano). Se creía que, de las 8.755 personas que pudieron inscribirse en virtud del nuevo plan (el 16% de las 53.000 personas estimadas del Grupo B, según el gobierno), tan solo 6.545 habían recibido la aprobación de sus expedientes por parte de las autoridades al concluir el año. La ley requería un periodo de espera de dos años tras la aprobación del registro para que estas personas pudieran solicitar formalmente su naturalización como ciudadanas y ciudadanos dominicanos. Al finalizar el año, no se sabía de nadie que hubiera sido naturalizado en virtud del nuevo plan. Al no tener otra nacionalidad, la mayoría de las personas afectadas siguieron siendo apátridas.Durante el año, las autoridades no debatieron, elaboraron ni implementaron nuevas soluciones para garantizar el derecho a la nacionalidad a las decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana que no podían beneficiarse de la Ley 169-14, en particular el 84% restante de las personas pertenecientes al Grupo B, y todas aquellas a las que no cubría la legislación de 2014.En respuesta a esta situación, la CIDH incorporó a República Dominicana en el Capítulo IV. B de su informe anual, que incluía países que requerían una atención especial en materia de derechos humanos.
Al terminar el año, ningún funcionario público había rendido cuentas por las prácticas discriminatorias llevadas a cabo a la hora de conceder la inscripción en el registro y de emitir documentos de identidad, incluido el proceso de privación masiva y arbitraria de la nacionalidad puesto en marcha en 2013. A las personas afectadas se les seguía negando toda una serie de derechos humanos y se les impedía, entre otras cosas, el acceso a la educación superior, a empleo formal o a una atención médica adecuada.
Policía y fuerzas de seguridad
La Procuraduría General de la República informó de 110 homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad entre enero y octubre. Las circunstancias de muchos los homicidios sugerían que podían haber sido ilegítimos. La tasa de homicidios seguía siendo elevada, de casi 16 por cada 100.000 habitantes durante la primera mitad del año.
Los medios de comunicación informaron sobre denuncias de uso reiterado de fuerza innecesaria y excesiva por parte de la policía durante las protestas sociales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades seguían siendo incapaces de tramitar la mayoría de los casos de personas migrantes en situación irregular recibidos durante el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, que se aplicó entre 2014 y 2015. Como consecuencia, en julio las autoridades renovaron por un año más los “carnets de regularización” temporales entregados a las personas inscritas, lo que les permitía a éstas permanecer en el país.
Derechos sexuales y reproductivos
República Dominicana seguía siendo uno de los pocos países del mundo que penalizaba el aborto, sin excepciones.
En mayo, el Senado votó en contra de una propuesta de despenalización del aborto respaldada por el presidente Medina.2 El 11 de julio, la Cámara de Diputados rechazó la votación del Senado, lo que ofrecía la posibilidad de futuras reformas que protegieran los derechos de las mujeres y de las niñas.3
En agosto se presentó una petición ante la CIDH para obtener justicia y reparación por la muerte en 2012 de Rosaura Almonte Hernández, conocida públicamente como “Esperancita”. A consecuencia de la restrictiva legislación del país en materia de aborto, a Rosaura Almonte Hernández, de 16 años y embarazada de siete semanas, se le negó durante varios días el tratamiento que podía haberle salvado la vida frente a una leucemia, y murió poco después.
Una investigación publicada en agosto por la ONG Women´s Link Worldwide concluyó que, durante la primera mitad de 2017, una mujer había muerto cada dos días en República Dominicana por causas relacionadas con el embarazo, debido a la falta de acceso a servicios de salud materna de calidad.
Violencia contra mujeres y niñas
Según estadísticas oficiales, en la primera mitad del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas aumentó un 21% en relación con el mismo periodo de 2016.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
República Dominicana seguía sin disponer de legislación para luchar contra los crímenes de odio. En junio se halló en un terreno baldío el cadáver desmembrado de Rubi Mori, una mujer transgénero.4 Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia por su muerte.
República Dominicana: ¿Qué hace falta para resolver una crisis de apatridia? (noticia, 23 de mayo)
República Dominicana: Voto contra la despenalización del aborto, una traición contra las mujeres (noticia, 1 de junio)
República Dominicana: Amnistía Internacional y Oxfam llaman a Cámara de Diputados a garantizar derechos de las mujeres (AMR 27/6605/2017); República Dominicana: El Congreso rechaza una reforma regresiva del aborto (AMR 27/6724/2017); República Dominicana: Voto sobre el aborto pendiente tras veto presidencial (AMR 27/5478/2017)
República Dominicana: Horroroso asesinato de mujer transgénero pone de relieve la necesidad de protección frente a la discriminación
