Por Andrés L. Mateo
Todos sabemos lo que hará el congreso con la denuncia de los diputados encabezados por Faride Raful, sobre los contratos del Ministro de la Presidencia José Ramón Peralta, y el vocero Roberto Marchena con las empresas del delincuente internacional Joao Santana y su esposa Mónica Moura; lo sabemos porque Danilo en la campaña vociferó a los cuatro vientos: “Mi congreso”, “Mis síndicos”, “Mi justicia”, delineando el perfil de la dictadura constitucional.
Mil cuatrocientos millones de pesos es “paja pá la garza” en la ideología del despilfarro que caracteriza su gobierno, y él cuenta con “su” congreso, renuente a cumplir la función fiscalizadora que debería normar el accionar del poder legislativo en cualquier país.
Y lo sabemos, también, por Punta Catalina. ¿No fue, la intervención personal del Presidente, un acto de obstrucción de la justicia, al crear una comisión investigadora fuera totalmente de todo ordenamiento jurídico? ¿Ha movido una sola neurona de su cerebro ése Procurador General de la República para llevar a juicio a todos los culpables del caso ODEBRECHT? ¿Qué ha pasado con los Tucanos? ¿Se han encaminado diligencias investigativas respecto de la red societaria de Diandino Peña para esfumar miles de millones de la corrupción?
¿Por qué no se abrió una investigación sobre la corrupción en CORDE? ¿Quién protegió a los verdaderos dueños del dinero del caso OISOE, sacados del expediente desde el mismo palacio nacional? Sería interminable seguir enumerando los casos de corrupción registrados con el predominio de la más absoluta impunidad, por lo que se impone de nuevo la pregunta: ¿Hay solución en el marco institucional al problema de la hipercorrupción y la impunidad en la República Dominicana?
