Anoche, reunido en un restaurant de la capital con uno de los congresistas que siguen al ex presidente Leonel Fernández, un importante informante de este medio vio como a su amigo el congresista lo llamaban en ese preciso momento para hacerle una muy tentativa oferta económica con el objetivo de que pusiera su voto a disposición de la reforma constitucional que pudiera ser sometida en los próximos días.
Convencido de su responsabilidad histórica y de su compromiso de firmeza ante su líder el ex presidente Fernández, el congresista, quien es diputado de la república, respondió tajantemente que no hay dinero que compre su voluntad libérrima de defender la constitucionalidad de la nación. «Yo no me vendo coño, la constitución es sagrada», dijo con encono al ver como sus propios compañeros de partido pretenden darle un zarpazo a la constitución a «billetazo limpio».
Ante la urgencia de someter el proyecto de reforma constitucional y debido a lo dificultoso que le ha resultado al Palacio conseguir los votos necesarios para pasar el proyecto, la oferta que a partir de anoche estarían haciendo rondaría los US$1.5 millones de dólares.
«La semana pasada estaban ofreciendo un millón de dolares, ahora ya van por 1.5 millones, ellos saben que no me vendo no se para que me llaman», dijo el congresista amigo de nuestro informante.
Sorprendentemente, los congresistas que siguen al ex presidente Fernández, a diferencia de como ocurrió en el 2015, se han mantenido firmes en su posición de defender la constitución nacional. Por igual los congresistas del opositor PRM, salvo una franja minoritaria que responde a los dictámenes del ex presidente Hipólito Mejía, se han mantenido apegados a la línea partidaria de rechazar dicha reforma.
Toda esta situación de inquebrantable voluntad de quienes se oponen a la reelección, ha provocado el enojo de las fuerzas palaciegas que utilizando el presupuesto público creían posible alterar la actual composición adversa que existe a lo interno del Congreso Nacional para poder pasar una reforma que pudiera socavar la estabilidad política existente en la nación y que pondría en peligro los esfuerzos que durante los últimos años se han hecho para preservar la tan necesaria armonía democrática entre los poderes públicos establecidos.
