La flamante y meritoria ciudadana ex jueza de la Junta Central Electoral, Dra. Aura Celeste Fernández, alta crítica de la corrupción y la impunidad prevaleciente en el estado dominicano, cobra la pomposa suma de RD$201,558.03 mil pesos por concepto de la pensión que le corresponde a todo ex juez de la Junta Central Electoral según reglamento aprobado por la misma Junta Central Electoral.
Un reglamento perverso promovido por los mismos Jueces que se han beneficiado de el, aunque hay que hacer la observación de que cuando se aprobó dicho reglamento la Dra. Fernández aún no era miembro de la JCE.
Estos privilegiados planes de pensiones impuestos en algunas instituciones públicas resultan altamente cuestionables, ya que mientras el dominicano promedio debe someterse a un plan de pensión común regulado por la Ley 87-01 que crea la Administradoras de Fondos de Pensiones, funcionarios públicos que devengan ostentosos sueldos al momento de abandonar sus cargos continúan recibiendo automáticamente altos ingresos por el resto de sus vidas.
Estos planes fungen como una especie de certificado de garantía de una acomodada vida financiada con el erario público.
Todo esto sucede en un país en el que cientos de ex trabajadores de ingenios azucareros que desforraron sus vidas en los tempestuosos campos cañaverales andan rodando por las instituciones públicas en procura de ser escuchado su reclamo para se les otorgue una digna pensión con la cual subsistir estos aciagos días de sus vidas.
