El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) consideró que es ilegal la decisión del Consejo del Poder Judicial (CPJ) de instalar tribunales móviles en todas las cárceles del país para el conocimiento de los procesos a los presos preventivos, por lo dijo que se opone a dicha decisión.
El presidente del gremio, Miguel Surun, expresó que el tribunal se crea por disposición de la Constitución y de la ley, por lo que manifestó que ven con preocupación la tendencia cada vez más acentuada del CPJ y del presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, de violar el ordenamiento jurídico institucional del país.
Sostiene que esa disposición choca de manera frontal contra algo que entiende elemental en el sistema de justicia de que los tribunales son constituidos por ley.
“Ellos (CPJ-SCJ) abrogándose las potestades del Congreso Nacional acaban de anunciar la puesta en funcionamiento de cuatro nuevos tribunales, lo que evidentemente es un eslabón más en la cadena de violaciones que afectan la imagen de la justicia dominicana y además la seguridad jurídica en nuestro país”, afirmó Surun.
Planteó que lo más grave es que se continúa con la debacle de “furgorización” de la justicia dominicana. Expresó que en los últimos cinco años el presupuesto de la justicia ha sido duplicado, y que a pesar de eso no hay forma de que el CJP y la Suprema se dignen a poner en funcionamiento los tribunales que se necesitan. “No se sabe qué se ha hecho con ese presupuesto, duplicado, el doble, en solo cinco años, y no tenemos más tribunales, lo que tenemos es más furgones, y lo que nos están prometiendo es más furgones”, indicó.
La presunción de inocencia
El dirigente de los abogados advirtió que una justicia en furgones es más pobre y retrata su infuncionalidad. Consideró también grave que con la creación de esos tribunales móviles en cárceles se viola la presunción de inocencia del imputado.
Planteó que lejos de descongestionar las cárceles, la medida de instalar tribunales móviles en furgones en los recintos penitenciarios va a profundizar el deterioro institucional y de imagen que está padeciendo el sistema judicial. Además, señaló que esa medida también atenta contra los abogados y cuestionó que se haga en coordinación con la Oficina Nacional de la Defensa Pública, la cual representa de forma gratuita a los imputados.
