La agrupación política El País Que Queremos (EPQ) denunció este lunes que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, permitió la aprobación de una ordenanza que cambiaría los parámetros de densidad de construcción habitacional en la circunscripción 1 de esta localidad.
En un comunicado EPQ afirmó que esta acción terminaría convirtiendo a Santo Domingo en una ciudad colapsada, asegurando que la misma fue tomada a favor de financiadores y constructores de proyectos inmobiliarios.
“Tal como advertimos hace dos meses, fue reintroducida y aprobada la Ordenanza que modifica la resolución 85/2009, para aumentar la densidad de construcción permitida en la C1, pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) deja claro que, de seguir la ciudad como va, estará completamente colapsada para 2030”, afirmó Bartolomé Pujals al hablar a nombre de EPQ.
De acuerdo con Pujals, con esta decisión la alcaldesa demuestra que gobierna contra la voluntad de la gente, expresando que esta decisión no se tomó en cuenta la opinión de la junta de vecinos, imponiendo los intereses de los grandes capitales inmobiliarios.
Pujals, quien fue candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, opinó que Mejía sabe que esta ordenanza hará mucho daño a la calidad de vida de mucha gente que votó por ella.
“¿Qué procura esta modificación? Que los desarrolladores inmobiliarios, fundamentalmente Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acropovi) puedan construir más unidades departamentales en lugares donde conforme la normativa se deben construir menos”, dijo.
Agregó que el aumento de la densidad de esta circunscripción viola el derecho a la ciudad porque, en su estimación, esto significa más contaminación, más tapones, disminución de la movilidad de la gente, colapso del sistema de alcantarillado y drenaje pluvial, reducción de áreas con vocación de espacios público y menos áreas verdes.
Según Pujals con esta medida la alcaldesa confiesa que “su plan es no tener plan”, al atreverse a aprobar una ordenanza que va en contra de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para beneficiar pequeños grupos.
“La solución a los problemas de la ciudad no es técnica como creen algunos, la solución es política”, refirió el portavoz de EPQ tras asegurar que los conocimientos y tecnologías para garantizar el derecho a la ciudad existen desde hace décadas.
