El Movimiento Cívico Coalición Patria exige al gobierno dominicano la suspensión inmediata del Plan de Regularización Migratoria, por considerarlo un instrumento totalmente distorsionado y manipulado ya que el mismo se ha convertido en un «Plan de Evacuación Indiscriminada de Haitianos» hacia la República Dominicana.
Publicamos íntegramente comunicación remitida por la entidad a los medios de comunicación.
COALICIÓN PATRIA
DOMINICANOS SIEMPRE
UNIDOS EN LA PATRIA POR LA LIBERTAD, LA SOBERANIA Y LA INDEPENDENCIA NACIONAL
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en la República Dominicana (PNRE) debe cesar. La definición de “extranjeros” es un eufemismo que solo busca disfrazar el verdadero objetivo de ese proyecto.
Este Plan no es más que un instrumento legal que ha sido distorsionado, y totalmente manipulado, y contaminado, para convertirlo en un Plan de Evacuación indiscriminada de Haitianos hacia la República Dominicana, de manera indolente, irresponsable, y calculada, por nuestro gobierno nacional, hoy intervenido por agentes que representan organismos internacionales, y multilaterales, y directamente la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACION (OIM), representada por el nicaragüense Sr. Vaca, la Unión Europea, representada por el Sr. Grippa, conjuntamente con el apoyo de la UNICEF, y ONGs dominicanas y haitianas que operan en la República Dominicana al margen de las leyes relativas al manejo de fondos, y de actividades internacionales no reportadas.
Es la OIM el órgano que, mediante acuerdos, contratos y condiciones, maneja toda la política de implementación de este Plan, no solo desde su diseño, desarrollo logístico, y su ejecución, sino además, que es el organismo que está financiando económicamente a ONGs haitianas en la República Dominicana, para reclutar y movilizar haitianos, tanto en el país, como traídos desde Haití, que no reúnen los requisitos, para ser incorporados a dicho Plan de manera ilegal y aviesa.
Entre esas entidades haitianas no reguladas ni registradas, ni sometidas a ningún control financiero se encuentra la denominada Mesa Migratoria Haitiana, entre otras.
La Unión Europea, ha proclamado ya, en su próxima escalada que trabaja en la logística e implementación del “habitante fronterizo”, la nueva modalidad migratoria a establecer con los haitianos en nuestro país. Cuando no bien ha concluido la modalidad de este funesto Plan que estamos denunciando, y reclamando su cese inmediato.
Esta nueva modalidad migratoria haitiana que pretenden implementar para este año, se incluye dentro del programa de cooperación para República Dominicana y Haití, que tiene un presupuesto de 19.5 millones de euros para los próximos cuatro años. Toda esta política se disfraza bajo el manto de la cooperación bajo el 10mo Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
Este programa se enfoca entre otros sectores en los ámbitos de migración, diálogo binacional, denominada “política de cooperación bilateral”, que en realidad no es bilateral, sino que es una política enfocada, y dirigida prioritariamente hacia la fusión progresiva, o de modalidad amortiguada, sin shocks, entre ambos países, creando, para ello actores gubernamentales, y sociedad civil ficticios, fabricados y financiados, en el marco de la Cooperación binacional República Dominicana y Haití, con una asignación de 70 millones de euros entre 2008 y 2020).
En este mismo proceso, se inscribe el recién firmado acuerdo suscrito, nada menos que con la condición de testigo del mismo del Sr. Presidente de la República, del acuerdo entre el Gobierno dominicano, a través de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) con la Junta Central Electoral (JCE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), nada menos que “para el registro oportuno de nacimiento, mediante la inscripción del infante en las Oficialías del Estado Civil de los hospitales.”, como si el Estado Dominicano, fuese discapacitado e inútil para asumir sus responsabilidades constitucionales.
Como se observa, todas las políticas, las medidas, programas, y acciones que implementa nuestro Gobierno Nacional, se dirigen de manera inequívoca, y continua, a fomentar, a entregar nuestra autonomía y capacidades
institucionales, desde infraestructuras, hasta legislaciones y normativas, claramente al servicio del invasor haitiano, mediante cesiones, contratos y acuerdos, por intermedio de los organismos internacionales.
A raíz de la emisión de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), considerada “la frontera jurídica dominicana” el Consejo Nacional de Migración (CNM) realizo dos reuniones, ambas con la presencia del Sr. Presidente de la República, Danilo Medina, donde se acordó confeccionar el Plan de Regularización de Extranjeros.
Fue el mismo Consejo con la presencia del Sr. Presidente, en sesión de fecha 22 de NOVIEMBRE del 2013, que estableció entre otras decisiones que:
“La urgencia de la emisión del Plan Nacional de regularización de extranjeros en situación irregular radicados en la República Dominicana obedece al tiempo transcurrido de la Ley General de Migración y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana mediante sentencia TC/0168/13 del día 23 de septiembre del año 2013, que ordena al Gobierno dominicano elaborar y poner en vigencia dicho plan dentro de los noventa (90) días de la notificación de la sentencia mencionada.”.
Este denominado Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) que en la actualidad implementa el Gobierno Dominicano, para resolver la situación o status de los extranjeros ilegales radicados en el país, fue estatuido a Ley General de Migración No. 285 -04, del 15 de agosto del año 2004.
El déficit del Estado Dominicano en esta materia es grave. Esta Ley de Migración 285-04, quedo relegada desde 2004, y entró en vigor en el 2011 por falta del Reglamento de aplicación, emitido el 19 de octubre del 2011.
Se ha jugado con el pueblo dominicano! Y con sus más caros y entrañables valores y anhelos. Con nuestro legado nacional!
Esta misma ley de Migración dispuso en su artículo 7 la creación del CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION, que se encuentra conformado por el Secretario de Estado de Interior y Policía, quien lo preside, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, Ministro Trabajo, el Ministro de Turismo, el Ministro Obras Públicas, el Ministro de Salud Pública, el Ministro de Agricultura, el Presidente de la Junta Central Electoral, el Presidente de la Comisión de Interior y Policía, del Senado, y el Presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.
Aunque este Plan fue ordenado por la Ley de migración promulgada en agosto del 2004, fue el 29 de noviembre de 2013, mediante decreto No. 327-13, (publicado en la Gaceta Oficial No. 10737), que finalmente el gobierno dominicano cumple con el mandato ordenado por la ley y promulga el “Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana”, dictando la indicada reglamentación.
Dicho Decreto, que es la normativa que define y organiza dicho plan, establece en su “Artículo 3.- Duración del Plan. El extranjero que desee acogerse al Plan, deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de dieciocho (18) meses, contados desde la puesta en vigencia del mismo.”
Es la misma resolución del Consejo que estableció que “La implementación del Plan Nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular se ejecutará en dos fases. Primera fase: Esta fase se ejecutará desde el 1° de diciembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014. Su finalidad es programar, presupuestar, institucionalizar y organizar los recursos, condiciones y organismos necesarios para la implementación técnica, laboral y administrativa del Plan.
Una Segunda fase: Esta fase se ejecutará en el período comprendido entre el 1°de junio de 2014 hasta 31 de mayo de 2015. Su finalidad acreditar la
documentación migratoria, sobre la base de un proceso de evaluación, revisión y supervisión. En este lapso se concentrarán esfuerzos y recursos en
la entrega de documentación a residentes y no residentes.
Este Plan a todas luces, inconstitucional, ilegitimo, tanto en su diseño como en su aplicación, entró en vigor el 29 de Noviembre del 2013, y culminó el 17 de junio de 2015.
Al concluir el plazo establecido se registraron más de 288,000 extranjeros, en su mayoría nacionales haitianos, y de los cuales las mismas autoridades dijeron que solo y únicamente habían calificado, precariamente, unos 7,834, mil haitianos.
A pesar de que el ministerio de Interior y Policía mantuvo que a partir del 18 de junio de 2015 serían sometidos a la ley de migración (y en consecuencia, a la deportación) todo aquel que no se hubiese regularizado.
Para estupor y sorpresa nacional, y tal como fue reseñado por solo algunos medios de comunicación escrita del día 11 de julio de 2017, aparece una breve reseña titulada “Se reúne hoy el Consejo de Migración” y en el cuerpo de la misma se afirma que:
“El próximo lunes vence el plazo de la primera etapa del Plan nacional de regularización de Extranjeros y el consejo Nacional de Migración se reúne en el día de hoy donde se analizará la posibilidad de que el mismo sea renovado.”(Diario Libre, 11 de julio del 2017).
En efecto posteriormente mediante una especie de clandestinaje administrativo, que repugna ante la debida transparencia que tiene que prevalecer en los actos púbicos de esta magnitud, el 25 de julio de 2017, durante una reunión del Consejo de Migración realizada en el ministerio Interior y Policía, fue anunciada una prorroga donde se estableció que en ese período los extranjeros.
regularizados presenten la solicitud de renovación o cambio de categoría y subcategoría migratoria.
Es decir, en esa fecha el Consejo Nacional de Migración aprobó la prórroga de la vigencia de los permisos otorgados al amparo del Plan, por un (1) año, hasta el verano del año 2018, manteniendo la suspensión de deportaciones, a causa de dichas prorrogas.
Tal como han anunciado en otras reiteradas ocasiones, dijeron entonces al país, que el próximo 26 de agosto de 2018, los extranjeros que no hayan completados sus expedientes se considerarán indocumentados, y podrían ser deportados por las autoridades de Migración.
Hoy vemos con verdadero asombro, con desolada congoja ciudadana, pero con una creciente indignación, como ese Plan, ha sido totalmente desvirtuado, atomizado, y usado como una pala mecánica al servicio, y a merced de los intereses haitianos que promueven los agentes extranjeros descaradamente en nuestro país, sin que la autoridad nacional reaccione a tales desafueros que rompen nuestra legalidad constitucional y afectan directamente nuestra soberanía nacional, y al Estado mismo como sujeto legitimo de derecho público internacional.
De las cifras entonces ofrecidas por el entonces Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, y cuya responsabilidad tendrán que establecer y deducir los tribunales, “de un total de 250,241 solicitudes sólo completaron sus expedientes 7,834, mientras que 242,407 no los han completado. Indicó que de 159,606 carnets aprobados, se entregaron 148,669.”.
Hoy, no sabemos con certeza, cual es la realidad de este Plan que no puede continuar en esas manos que lo han adulterado y desnaturalizado, en todo sentido, con un costo además totalmente oneroso para la economía del pueblo dominicano, que igualmente tendrá que ser determinada y auditada.
Se ha hecho de todo durante más de 4 años, tanto en el Galpon de Migración aquí en la Capital como en las 29 Gobernaciones Provinciales, hemos asistido a ver, impávidos, incrédulos, estupefactos, conmovidos, hasta las lagrimas y el quebranto, como la República se nos va de la manos, y como el legado que a costa de tantas lagrimas, y angustias, logro erigir este pueblo, se diluye con la franca entrega, y sumision de nuestro patrimonio jurídico, moral, material, y poblacional al invasor extranjero.
Filas interminables, y continuas de Haitianos que llegaron hoy a nuestro pais, se están registrando como migrantes, haitianos que carecen de documentos, con apenas una foto instantánea, se están registrando con actas de nacimiento haitianas falsas, y sin apostillar, con actas de nacimiento y cedulas dominicanas suplantadas, con documentos de arraigo totalmente fraudulentos, haitianos con conflictos con la ley, familias completas que se están registrando con un solo documento, y se les está entregando un carnet migratorio de regularización dominicana.
Se les está cambiando, el status de turistas a residentes, a los haitianos que ingresan al país en calidad de turistas, con una simple visa, y que no califican para entrar en el Plan, aunque no residan, aunque nunca antes hubiesen ingresado en el país, y aunque carezcan del menor vinculo con nosotros, incluso que desconozcan donde están, que no hablen español, y aunque incluso exista información verificada de que residen en Haití.
Este plan ha caído en la absoluta e irremediable ilegalidad, tornando se por demás ineficaz, conforme los objetivos que originalmente se establecieron.
El decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización no dispone de ningún otro plazo fuera de los indicados dentro del proceso de su implementación.
Dicho “Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana”, fue accionado en demanda de declaratoria de Inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, por contener dentro de sus disposiciones notables violaciones a las disposiciones legales de carácter sustantivo y adjetivo de nuestro ordenamiento, sin que hasta la fecha la Alta Corte haya decidido sobre el mismo.
En su momento, tanto la CONSULTORÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO y al MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA, en su persona, y en su calidad de Presidente del CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN, fueron ADVERTIDOS, (Acto de Alguacil 194-2017, de fecha 12 de julio del 2017), por la combinación de las disposiciones de los artículos 151 de la ley General de Migración No. 285-04 y los artículos 3 y 33 del decreto No. 327-13, de manera inequívoca están obligados por mandato de la Ley y la Constitución a observar que a ellos no les era dable, ni admisible, al CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN proponer, ni al PODER EJECUTIVO dictar otro “Plan Nacional de Regularización”, sin con ello violar de manera flagrante la letra de la ley.
Que el plazo de término otorgado por el propio decreto que estableció el Plan de Regularización contenido en el decreto No. 327-13, del 29 de noviembre de 2013, de dieciocho (18) meses venció el 29 de mayo del año 2015, es decir que para entonces ya superaba un vencimiento de 2 años y casi 2 meses, lo que en consecuencia implica que no podían ni el CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN proponer, ni al PODER EJECUTIVO disponer, una ampliación de un plazo ya de por sí ya vencido, sin con ello violar de manera flagrante la letra de la ley y el propio decreto que dispuso el Plan de Regularización.
Este desafuero, y descontrol no puede continuar. Vamos a acudir a los medios e instrumentos que dispone el Estado de Derecho, y las vías que nos permite la Constitución de la República, para contener y frenar la ilegalidad.
Demandamos en lo inmediato:
* El cese inmediato de este Plan constituye un imperativo en la medida en que el mismo está fuera de toda legalidad, por las diversas razones expuestas, especialmente, el no haber cumplido con el principio de publicidad y de consulta pública de la resolución administrativa emanada del Consejo Nacional de Migración, para justificar, y sustentar la aprobación, de la ultima y actual prorroga vigente que transcurre hasta el próximo agosto del 2018.
* El Plan viola de manera absoluta la ley de Migración 285-04, del 15 de agosto del año 2004, que ordeno la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, y del Decreto No. 327-13, que lo reglamenta, y cuyo artículo 3 estableció “que dicho Plan tendría una duración de 18 meses”, a partir de su puesta en vigencia.
* Exigimos una auditoria nacional independiente de este Programa o Plan no solo en sus resultados sino también en el manejo de sus recursos financieros, y operativos.
* La auditoria nacional independiente calificada tiene que limitarse al periodo establecido por ley, y considerar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma, asi como las exclusiones a causa de fraudes, falsificaciones, falta de apostilla de documentos haitianos, provisión de información falsa, suplantación de identidad, casos de conflictos con la ley, y otros.
* Exigimos una Audiencia pública con el Consejo Nacional de Migración a los fines de exponer todas las legítimas consideraciones al respecto.
* Exigimos que el Congreso Nacional, ante las irregularidades planteadas convoque en lo inmediato Vistas Publicas respecto de la crisis migratoria
en que está sumida la República, con graves efectos en los principios en que se sustenta el Estado Dominicano.
* El control Fronterizo actual no es suficiente. Urge una nueva política del Estado Dominicano para sellar y ampliar toda la línea nacional e implementar un programa inmediata de prevención delictiva.
Amplios sectores del pueblo dominicano, desde empresarios turísticos, industriales, agrícolas, comerciales, y productivos en general, hasta grupos profesionales, comerciantes, académicos, y vastos y crecientes agrupamientos de ciudadanos, ven con estupor como este Plan se ha transformado en un programa permanente de registro, y de establecimiento de haitianos en nuestro país, rompiendo con todos los criterios que han establecido su propia legalidad, propiciando un estado de inclusión de extranjeros haitianos que supera todas las previsiones estatales, las capacidades nacionales, y que no tiene precedentes en la historia republicana y democrática del país.
Propiciar y fomentar el registro ya masivo de haitianos en dicho Plan al margen de toda legalidad, sin que la autoridad nacional responsable detenga ese proceso, tendrá efectos dramáticos, y peligrosos para la preservación de los valores constitucionales en que se funda el Estado Dominicano, y para la convivencia del pueblo dominicano, en condiciones de seguridad, y desarrollo armónico, organizado, y sostenible.
Vamos a exponer ante las autoridades responsables, la determinada y firme voluntad de nuestras organizaciones y de los ciudadanos del país, en defender sus derechos fundamentales, algunos de los cuales, materialmente se reducen ante el hecho real de una migración extranjera haitiana, masiva, intensa y continua, que desbordo, el comprensible fenómeno social de las migraciones para convertirse en una verdadera y descontrolada invasión poblacional que está haciendo sucumbir en los hechos, nuestra integridad y soberanía territorial, el equilibrio poblacional, nuestros recur
distorsiones, y trastornos en nuestro sistema y organización institucional, con un fuerte impacto en nuestra economía, y en los servicios sociales, especialmente en perjuicio de los más pobres, excluidos, y vulnerables de la nación.
MOVIMIENTOS MIEMBROS DE LA COALICION CONVOCANTES:
Acción Patriótica Nacionalista RD/USA * Guardianes de la Patria-Bonao* Defensores de la Soberanía* Movimiento No A La INVASION* Movimiento Patriótico por el Cambio* Cristo Rey Ya* Movimiento Soberanía El Seybo* Guardianes de la Misericordia* Los Patriotas* Jóvenes Defensores de la Patria Los Frailes* Movimiento Patriótico Los Alcarrizos* Libertadores de San Cristóbal* Movimiento Hagamos Algo, Toi Cansao, Yadira Marte Movimiento Demos Ejemplo a Seguir, Los Patriotas*.
* Información: Teléfonos: 829.358.4550/829.741.4706/809.224.0576/ 809.885.0922/ 829.774.4706/ 829.295.8230
