Representantes del Comité de la Defensa de Bahía de Ocoa, en la provincia Azua, exigieron el cese de las operaciones de un barco que transporta y distribuye Gas Licuado de Petróleo (GLP) a otras embarcaciones, por el riesgo ambiental que constituye.
Los comunitarios Randy Custodio Brito, regidor de la Alcaldía de Azua; el empresario Humberto Reginato Nilson, y los abogados Dangela Ramírez Guzmán y Jaime Rodríguez, explicaron que el barco fue autorizado a operar en 2007, por una situción especial, debido al paso de una tormenta, como forma de garantizar el abasto de GLP al país.
Dijeron que el tiempo ha transcurrido, ya existe una terminal de abasto de combustibles en San Pedro de Macorís, con capacidad suficiente para las necesidades del país, y sin embargo se han mantenido las operaciones del barco en la costa de la bahía de Ocoa, poniendo en riesgo la zona protegida de la reserva Francisco Alberto Caamaño Deñó, y las riquezas naturales.
