El Consejo Económico Binacional Quisqueya liderado por los empresarios Juan Vicini y Fernando Capellan habrian arreciado en las últimas semanas las presiones a los gobiernos situados en ambos lados de la isla para que pongan en marcha las iniciativas gubernamentales necesarias para la concreción de lo que han denominado «Plan Binacional Quisqueya».
El Plan Binacional Quisqueya es un proyecto ambicioso ideado fundamentalmente por el empresario Juan Vicini en el que se procura convertir la zona fronteriza dominico haitiana en una gran zona de libre mercado, libre tránsito, sin identidad nacional, sin bandera y con moneda propia.
Con el diseño de este plan el empresariado procura utilizar de manera masiva la mano de obra haitiana, la más barata del continente, para potencializar sus inversiones en el desarrollo de zonas francas para la producción de materiales textiles que son utilizados en los Estados Unidos. Mientras por un lado explotarian la mano de obra haitiana por otro utilizarían las normativas jurídicas de la República Dominicana para garantizar y proteger sus inversiones.
Debido a que ambos gobierno situados en la isla transitan el último tramo de sus mandatos, los empresarios Vicini y Capellán estarían presionando a los presidentes de ambos países para que implementen medidas mínimas con las cuales puedan poner en marcha la primera parte del gran plan que han diseñado junto a un grupo de asesores extranjeros y entidades globales dentro de las cuales está el PNUD, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Banco Mundial, Unión Europea y los Estados Unidos.
«Al menos el gobierno dominicano se habría comprometido con financiar una campaña nacional de concientización y convencimiento al pueblo de los beneficios que acarrearía para ambas naciones el proyecto que se ha diseñado, sin embargo el gobierno no ha cumplido con esta parte», reveló una fuente conocedora de este proyecto al periódico digital Loquesucede.
Parte de las medidas que el gobierno dominicano tendría que poner en marcha antes de iniciarse las inversiones millonarias prometidas por el Consejo Económico Binacional Quisqueya, seria el reconocimiento a traves de nuestro ordenamiento legal del «ciudadano fronterizo» y la acreditación migratoria correspondiente mediante la cual se autorizarian a miles de personas transitar libremente dentro del marco territorial de los miles de kilómetros que mutilarían mayormente a la franja fronteriza dominicana.
El proyecto también incluye la construcción de centros educativos, hospitalarios, infraestructura eléctrica y de agua potable para garantizar que los miles de trabajadores de las zonas francas habiten cerca de sus centros de trabajo. Aún se desconoce en que idioma se impartiría la docencia en esos centros de estudios y la nacionalidad que obtendrían los niños de las parturientas fundamentalmente haitianas que serian atendidas alli.
