Distintos sectores deploraron la extensión del plazo de un año que otorgó el gobierno al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), mientras organizaciones internacionales defienden la decisión. El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) criticó la medida y consideró que la decisión evidencia la ausencia de política migratoria en la presente administración.
“El PRSC considera que es impostergable la implantación de una política migratoria responsable, nacionalista y humana en función de nuestra economía no de tensiones y presiones coyunturales momentáneas, además de la presión internacional”, dijo su secretario general Ramón Rogelio Genao.
El dirigente del PRSC señaló que el reformismo aboga por la nacionalización del empleo en la proporción que establece la ley, 80% para nacionales y un máximo de un 20% para extranjeros y un sistema de cuotas por año en cada estatus migratorio. “La República no puede seguir condenando a sus nacionales a servicios públicos de mala calidad, desempleo y pobreza por asumir una carga migratoria que nuestra economía no soporta”, indicó.
Mientras que el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, acusó al Gobierno haitiano de boicotear de manera sistemática el Plan, al negarle a sus ciudadanos los documentos de origen básicos para que éstos puedan regularizar su estatus migratorio en la República Dominicana.
“La prórroga de un año más para darle oportunidad a los que se inscribieron no va a servir de nada si no se le exige a Haití que entregue los documentos de origen a sus ciudadanos. La situación es muy grave. El Gobierno dominicano y la Cancillería deben iniciar una ofensiva diplomática denunciando lo que está ocurriendo” agregó Castillo Semán.
Sin embargo, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en la República Dominicana, reconoció el esfuerzo del Gobierno por garantizar, mediante la Resolución del Consejo Nacional de Migración, la sostenibilidad de los resultados del PNRE. El SNU ponderó la resolución como positiva, reconociendo que la condición migratoria regular permitirá al Gobierno tener identificados a más de 250 mil extranjeros de 116 nacionalidades, que viven en el país.
