Por la CLACSO
El 12 de enero de 2020 se cumplen 10 años del devastador terremoto en la República de Haití. Además de la descomunal cifra de muertos, heridos, niños y niñas en orfandad, destrucción física y económica, el pueblo de Haití se ha visto perjudicado por un conjunto de procesos institucionales, políticos y geoestratégicos que han agudizado las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población. Se constata que lo menos priorizado ha sido la voz y necesidades de la sociedad haitiana.
Ésta es una crisis acumulada a partir de los diversos golpes de Estado promovidos por la geopolítica del Norte global que abortó el primer gobierno democrático luego de la tiranía de los Duvalier, y se agravó cuando, desde junio de 2004 hasta octubre de 2017, Haití se convirtió en un país ocupado militarmente bajo las operaciones de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y la MINUSTAH (Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití).
Esta misión de supuesta estabilización votada en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la consigna de que “Haití es un riesgo para la seguridad internacional”, tenía el objetivo declarado de mantener la paz y seguridad pública en el país en un “entorno seguro y estable”. Hoy se conoce cómo, desde sus inicios, se vio implicada en al abuso sexual sistemático de niños, niñas y mujeres. Recientemente, una nueva investigación volvió a confirmar datos sobre la escandalosa conducta de las fuerzas militares extranjeras conocidas más popularmente como “cascos azules”.
Muchas mujeres, adolescentes y niñas que vivían en las cercanías de las bases de Naciones Unidas fueron víctimas del entramado de relaciones de poder jerárquicas y del consecuente control territorial que detentaron los militares “pacificadores”, que también implicó, en la práctica, el control sobre el cuerpo de las mujeres y niñas en esos territorios, convertidos en zonas de ocupación y violación.
Debido al acuerdo de “inmunidad” de las tropas en operaciones humanitarias, estas contaron con plena libertad de retirarse del país sin repercusiones o responsabilidad penal frente a la mujer o niña abusada y embarazada, quedando una espiral de niños y niñas nacidos sin recursos, sin apoyo y sin responsabilidad paterna alguna. Esas criaturas son ya conocidos como petit MINUSTAH, bébés casques bleus o les enfants abandonnés par la MINUSTAH, nombres que implican a su vez una carga de discriminación.
Según la investigación, en esta práctica de embarazar mujeres y niñas haitianas y dejarlas abandonadas, la mayoría de los militares involucrados fueron brasileños y uruguayos. Durante el terremoto ya habían sido denunciadas tropas de Sri Lanka. Prácticas similares de abuso y explotación sexual también fueron denunciadas el año pasado sobre personal expatriado de ONGs internacionales.
Un amplio porcentaje de la población afectada por estas prácticas de control sexual eran niñas en el momento del encuentro abusivo, dando paso a múltiples repercusiones negativas en función del ejercicio de poder sobre sus cuerpos, afectando su salud mental y física, las relaciones familiares, la posibilidad de continuar con la educación formal, entre otras.
Las profundas relaciones asimétricas de poder que se dan con la presencia del personal expatriado (sean militares o civiles) se han convertido en un aprovechamiento de la inseguridad material y financiera que llevó a mujeres y niñas a tener sexo de supervivencia con la esperanza de salir de la pobreza u obtener alguna compensación material. A largo plazo sólo encontraron la profundización de su precariedad personal, familiar y comunitaria.
Pero la multimillonaria operación MINUSTHA (con un presupuesto de más de 300 millones de dólares al año) y sus resultados no termina aquí. Esta Operación de Mantenimiento de la Paz también estuvo implicada directamente en la importación de la cepa del Vibrio cholerae de Nepal hacia Haití, desencadenando la peor epidemia de cólera en la historia del país y la mayor de los últimos tiempos a escala mundial.
La enfermedad de cólera, potenciada por las precarias condiciones de acceso al agua y al saneamiento seguro y el frágil sistema de salud en el país, llevó a la muerte a más de 9.000 haitianos y haitianas, según cifras oficiales; prestigiosos expertos sostienen que las muertes reales serían más de 50 mil. Asimismo, se estiman entre 800 mil y más de 1 millón de casos de cólera, sin contar las consecuencias psicológicas, económicas y sociales de la epidemia. En República Dominicana, las muertes superaron las 450.
Los responsables institucionales de la ONU participaron directamente en el ocultamiento del origen del brote como también de su impacto y letalidad inicial; fueron actores determinantes en su propagación y luego en el encubrimiento e impunidad de los responsables. También participaron en el diseño de una multiplicidad de planes de respuesta que sólo tendieron a reproducir una industria de la “ayuda humanitaria” para las burocracias de organismos, expatriados y ONGN (Organizaciones No gubernamentales del Norte global), que no resolvieron la catástrofe y sólo tuvieron como resultado el debilitamiento de la soberanía sanitaria de Haití, dejando al sistema de salud pública haitiano tan débil como al inicio de la crisis epidemiológica.
Todas estas acciones, bajo el manto de las Operaciones de Mantenimiento de Paz, han gozado de impunidad absoluta en términos de sanción jurídica y reparación, más allá de simples declaraciones de arrepentimiento moral.
Lo ocurrido en Haití ha dejado al desnudo la impunidad como consecuencia efectiva de la “inmunidad” y el carácter autoritario y colonial con que actúan el Consejo de Seguridad y las Operaciones de Paz de la ONU, más allá de la ética, más allá de todo límite del Derecho y de su propia legalidad.
A esto se suma el eurocentrismo y colonialidad de un sistema internacional de cooperación “al desarrollo” que sólo reforzó la presencia de las ONGs del Norte y cooperantes de carácter transnacional. La Comunidad Internacional ha evidenciado su fracaso bajo las lógicas reglas imperantes.
A estas dramáticas situaciones, se suma el rol geopolítico del conocido Core Group (Grupo Central de Coordinación en Haití compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos –OEA- y la Unión Europea), incluyendo el representante del Secretario General de la ONU y jefe de la MINUSTAH, Edmund Mulet, así como Bill Clinton, Enviado Especial. Estos no sólo fueron incapaces de hacer realidad la prometida Reconstrucción post sismo, sino que ésta quedó convertida en una industria y un mecanismo de injerencia, desviando los recursos necesarios para atender al pueblo haitiano, trastocando la transición política haitiana e imponiendo decisiones que han enajenado a la ciudadanía de su soberanía política.
Esta compleja realidad y crisis concatenadas, implica también a una parte de la clase política haitiana, cuya complicidad es insoslayable para que la impunidad, las falsas promesas de reconstrucción, la debilidad democrática e institucional, la pérdida de soberanía frente la geopolítica del Norte global y sus organismos, así como la corrupción, se hayan acrecentado, llegando a la conmoción pública con el escándalo de los fondos de Petrocaribe, llevando a sostenidas movilizaciones sociales y populares en Haití.
Los Centros y Grupos de Trabajo que suscribimos esta declaración apostamos al cese de la violación de la soberanía de Haití; al compromiso auténtico de que la refundación y reconstrucción de Haití debe ser desde Haití, con la participación protagónica de sus actores nacionales y populares con autodeterminación y sin injerencia externa; a la transformación de las condiciones de vida de las grandes mayorías y su dignificación en el goce de los derechos fundamentales; a la reparación y la Justicia ante los crímenes de lesa humanidad y los atropellos contra su población; a la solidaridad latinoamericana y caribeña permanente con el país; así como el funcionamiento pleno de su democracia, sus instituciones públicas y la confianza ciudadana en sus representantes y dirigentes democráticamente electos. Por un Haití que vuelva a ser ejemplo continental, como en 1804, de emancipación, independencia y lucha por una vida digna y sin tutelajes coloniales.
