El secretario general de la Asociación de Defensores Públicos (ADDP), Robinson Reyes, acusó a la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández, de tener un “anillo” en el consejo de esa institución para permanecer al frente de la misma.
Reyes aseguró que la directiva que preside la abogada Hernández venció el 7 de marzo, pero que para permanecer en el cargo la funcionaria no cumple con la Ley 277-04 que crea la Defensoría Pública, en el sentido de que los miembros del consejo deben ser cambiados cada seis años para elegir una persona de una terna de cinco, que sería sometida la consideración del Consejo del Poder Judicial.
Son miembros del consejo que eligen la terna, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así como el coordinador de departamentos distritales y departamentales de los defensores, pero tienen 14 años en el cargo y no fueron sustituidos o reelegidos.
De acuerdo con Reyes, antes de ser creada la Oficina de Defensa Pública en el 2004, un defensor público ganaba más que un juez de paz y un fiscal, pero que en la actualidad el salario está por debajo porque desde esa fecha se le ha aumentado solo un 5.5%.
“El director de la Oficina de Defensores Públicos debe procurar que el salario sea decente, por ejemplo, que los defensores públicos no pueden hacer otra cosa en su vida que no sea el de defensor público”, indicó Reyes criticando la gestión de Hernández al comparecer al programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM).
Consideró a Hernández una enemiga de los defensores públicos, porque cuando estos iniciaron manifestaciones pacíficas en los tribunales para demandar mejores condiciones salariales, la funcionaria lo que hizo fue iniciar una “casería”, sometiéndolos a juicio disciplinario.
“Nosotros tenemos varios años peleando por un mejor presupuesto para la Defensa Pública, el presupuesto de la Defensa Pública en los últimos tres años ha sido por encima de los 600 millones de pesos, y en qué gasta el dinero la Oficina de Defensa Pública, esencialmente en el salario de los defensores públicos. Tomando en cuenta que nosotros somos menos de 300 defensores (a nivel nacional), tomando en cuenta que son más de RD$ 600 millones, habría que preguntarle a Laura Hernández en qué gasta el resto del dinero”, cuestionó.
Criticó que los defensores públicos no cuenten con un seguro de vida, cuando sus vivas corren peligro porque en la mayoría de los casos están defendiendo a personas que han cometido graves delitos.
Asimismo, la carga laboral de un defensor es de más de 300 expedientes en cualquier departamento judicial, lo que a su entender deteriora la productividad de los profesionales.
