SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, presentó una denuncia en contra de Francisco José Camacho Rivas, ministro de Deportes y Recreación, Miguel Ángel Fernández, presidente del Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya y otros implicados.
Esta, por comisión de actos de corrupción administrativa en el ejercicio de sus funciones y supuesta asociación de malhechores, específicamente en lo concerniente a las irregularidades cometidas deliberadamente en la formalización de los contratos de prestación de servicios para las remodelaciones del Estadio Quisqueya Juan Marichal, y el manejo de los fondos públicos asignados.
De la Rosa Tiburcio, señaló que desde que el Poder Ejecutivo creara mediante el Decreto No. 129-11, el Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya, integrado por el ministro de Deportes, su representante, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el Comisionado de Béisbol Profesional, dos representantes del equipo de béisbol Tigres del Licey, y dos representantes de los Leones del Escogidos.
La finalidad del Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya se ha manejado sin cumplir las disposiciones del decreto, sin rendir cuentas, ni a la Contraloría General de la República ni a la Cámara de Cuentas y mucho menos a los ciudadanos que mediante la Ley 200-04, así lo solicitan, llegando a ser condenado por el Tribunal Superior Administrativo, TSA.
Añadió que “el patronato se maneja en dos direcciones, como ente privado para recaudar por concepto de la celebración del torneo de béisbol, arrendamiento de espacios, arrendamiento de los parqueos y arrendamiento del estadio para espectáculos, por lo que entienden sus miembros que no están obligados a rendirle cuentas ni a las instituciones públicas y mucho menos a terceros, sin embargo cuando quiere que el Estado le provea de recursos para las remodelaciones del parque de beisbol, apelan a la condición de ente público”.
Además, dijo que “por vía de consecuencias, deben someterse las exigencias de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, como todas aquellas entidades que reciben fondos del presupuesto y someter todos los procesos de compras y contrataciones de empresas para las intervenciones del mismo, respetando los principios de la norma y resoluciones del órgano rector la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, DGCP”.
El artículo 9 del decreto establece: “Cada año, en el proyecto presupuesto del Ministro de Deportes y Recreación, se incluirá una partida destinada al mantenimiento preventivo y correctivo del Estadio Quisqueya, a estos fines, el Patronato de Administración y Cuidado del Estadio, a través del Ministerio de Deportes y Recreación, presentará al Poder, el proyecto de preservación, modernización, remodelación y/o ampliación del Estadio Quisqueya, con identificación de las fuentes de financiamiento, si las hubiere”.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, No. 247-12, y sus modificaciones, la cual dispuso entre otras cosas, lo siguiente: Artículo 12, Principios. La Administración Pública actúa sometida al ordenamiento jurídico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de acuerdo con los siguientes Principio: 2. Principio de juridicidad. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignación, distribución y ejecución de las competencias de los entes y órganos administrativos se sujeta a lo dispuesto por la Constitución, las leyes y los reglamentos dictados formal y previamente conforme al derecho.
Conforme el Decreto Núm. 129-11, el Patronato de Administración y Cuidado del Estadio Quisqueya, constituye un órgano del sector centralizado de la Administración Pública, dependiente del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), y en tal virtud se encuentra obligado a todo proceso Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras establecido en la Ley No. 340-06, en especial las disposiciones de los Artículos 1, 2, 3, 9 y 12, en cuanto a que expresamente obligan a su cumplimiento, y a la garantía de la participación, publicidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos, y hacen responsables a sus titulares por sus incumplimientos.
Los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en estos incumplimientos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, que establece: “Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento”.
Además, al mismo tiempo, se han generado evidencias contundentes de conductas delictivas graves que comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios.
Ante las evidencias aportadas por el ministro Camacho, en ocasión de ofrecer declaraciones a la prensa nacional que señalan que el ministerio de Deportes hizo entrega de los 100 millones de pesos al patronato y que este fue quien procedió a la contratación de las empresas que remodelan el Estadio Quisqueya.
