Dice Jean Alain Rodriguez que no hay pruebas que involucre legisladores en caso Tucanos

Durante la ampliación de la investigación sobre los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano, el Ministerio Público analizó en profundidad todas las menciones y referencias a legisladores, políticos y exfuncionarios, no encontró “evidencia fehaciente” que demuestre su responsabilidad.

La Procuraduría General de la República informó al respecto en un comunicado, en el que explica que hasta el momento de depositar la acusación formal de este caso, las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas que aquellas que están imputadas.

La declaración expresa también que, si durante el juicio preliminar o al concluir diligencias investigativas que esperan respuesta desde el extranjero alguien más resultara señalado y comprometido en estos ilícitos, el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público también le someta a la justicia en acusación separada o ampliando la que fue depositada.

La institución resaltó, además, que los acusados formalmente la semana pasada están encabezados por un exministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez.

La acusación incluye también a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, junto a Ysrael Abreu Rosario y a Félix Del Orbe Berroa, así como a las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.

La investigación de este caso en el país comenzó a comienzos de 2016 y hasta la extensión del plazo para la misma, autorizada por un juez a mediados de 2017, solamente había cuatro imputados.

La ampliación y profundización de la indagatoria permitió sumar, como nuevos inculpados, a otras dos personas y tres compañías, además de fortalecer el expediente, dotándolo de nuevas evidencias.

Se recuerda que la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió ante la justicia de Brasil y Estados Unidos haber pagado unos 3.5 millones de dólares a funcionarios públicos dominicanos para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.

Recientemente, la Oficina de Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional apoderó mediante sorteo al Cuarto Juzgado de Instrucción para conocer la solicitud de apertura a juicio por este caso, realizada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).EFE

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