Una fuente revelo a Loquesucede las presiones que habría ejercido el gobierno del presidente Danilo Medina contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que votaron a favor de la nulidad de la convención interna en la que fue elegido Miguel Vargas Maldonado como presidente de Partido Revolucionario Dominicano (PRM).
De acuerdo a este fuente, el vehículo del presidente del TSE, Roman Jaquez, fue interceptado por un contingente militar mientras este transitaba por una de las vías públicas de la ciudad de Santo Domingo, con el objetivo de intimidarlo para que variara su posición respecto al sometimiento de nulidad que hizo el Dr. Guido Gomez Mazara.
También en la misma tarde en que esto aconteció, el ministro de las fuerzas armadas, Paulino Sem, ordenó retirar el cuerpo de seguridad que estaba al servicio del magistrado Roman Jaquez.
En procura de intimidar a un mas al presidente del TSE, el jurista Julio Cury escribió días antes de conocerse la sentencia historia en torno a la crisis actual del PRD que el Ministerio Publico debería investigar quien era el propietario de un lujoso Penthouse del edificio Veronesa en la calle 9 No.14 en el Mirador Norte, en referencia directa a la residencia donde vive el Magistrado Roman Jaquez.
Por la sentencia que anula la XXXlV Conveción Extraordinaria del PRD votaron a favor el presidente Román Jáquez, y los magistrados Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, mientras que Ramón Arístides Madera Arias y Cristian Perdomo emitieron un voto disidente.
Ahora, el presidente del senado, Reinaldo Pared Perez, quien también es secretario general del oficialista PLD, pidió a la cámara de diputados interpelar a los jueces del TSE que votaron a favor de la mencionada sentencia.
Estas presiones del oficialismo contra una institución jurídica encargada de velar por el respeto de los estatutos partidarios internos y la constitución nacional, evidencia aun mas la crisis en una democracia nacional donde no se respetan los valores mas esenciales tan necesarios para el equilibrio politico y la independencia de los poderes públicos.
