Editorial Diario Libre
La manifestación de un grupo que reclama la nacionalidad dominicana, pero que se reconoce de origen haitiano, fue una provocación que desnuda las intenciones últimas de la lucha que libra ese colectivo en reclamo de derechos en nuestro país.
Es bueno declarar, de antemano, que sus alegados derechos a la nacionalidad dominicana no les han sido negados, sino reglamentados por medio de requisitos que se deben cumplir aquí y en cualquier país organizado.
Pero los que organizaron la manifestación frente al monumento a la independencia dominicana sabían muy bien lo que hacían. Estaban provocando a las autoridades dominicanas y, al mismo tiempo, señalando que su lucha no es por un derecho en nuestro país, sino que su condición es anterior a la labor de los Padres de la Patria. Es decir, a ellos pertenece la nacionalidad de esta patria porque era la suya antes de 1844. Es decir, es el mismo argumento de que la “isla es una e indivisible”, en otros términos.
A partir del sábado, nadie se puede llamar a engaño: la intención última del grupo radical haitiano es retrotraer la situación del país al día antes del 27 de febrero de 1844. No es la nacionalidad de unos cuantos miles. Es la de los diez millones de haitianos.
¿Qué pueden hacer las autoridades dominicanas ante esa y las otras provocaciones que vendrán? No tienen otra alternativa que aplicar la ley, desde el artículo 3 de la Constitución que condena “toda injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado”, hasta lo que establecen los códigos y las leyes nacionales.
Dicen en el campo que “el pasmo con tiempo se cura”. Luego de lo sucedido el sábado, se cruzó el Rubicón.
