“Nos hemos dado cuenta que los documentos que sustentan la transacción fueron falsificados porque el Congreso nunca conoció de esos contratos y el poder presidencial que hay es un poder que no existe”, reveló José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, al hablar sobre el caso de los terrenos de Duquesa.
En una entrevista en un medio local, Dantés Díaz explicó que se trata de una transacción de dos terrenos, que se hizo a partir del año 2009, donde apuntó que “ha quedado demostrado que toda la documentación que sustenta el expediente de la compra de esos terrenos tiene serias irregularidades”.
En ese sentido, indicó que dichas regularidades van desde el punto de vista de la autenticidad de todos los documentos, como desde el punto de vista institucional dentro del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
En otras manos
En ese mismo orden, dijo que luego de toda esta investigación procedieron a realizar un reporte dando detalles de cómo ocurrió cada una de esas cosas, “creo que ya están en manos de la Procuraduría General quienes están llevando una investigación penal, para ellos determinar la responsabilidad de quienes hayan actuado en ese caso”.
“Entiendo que llevar a cabo todo ese proceso cuando existía un contrato de sección de uso a la alcaldía del Distrito Nacional y que tú te hagas dueño de los terrenos en un proceso relativamente corto, sabes que no fue algo que no cumplió con todos los canales institucionales que hay”, aclaró el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado.
Debido a todas las irregularidades con la venta de estas parcelas, manifestó que hay que estar claro de que los adquirientes de esos terrenos debían de tener algún tipo de conocimiento de que algo estaba pasando.
Ya concluida la parte que le corresponde al CEA, Dantés aseguró que la Procuraduría realmente es quien debe dar el frente ante esto, “pienso que ellos están llevando a cabo toda su investigación y próximamente vamos a ver las acciones que ellos tomen”.
Poder presidencial y certificación
Todo está en el informe, “los documentos que sustentan la legalidad de la operación tienen graves irregularidades”.
Al hablar del poder presidencial y la certificación del Congreso Nacional para la venta de dichos terrenos donde hoy funciona el vertedero de Duquesa y que Lujun Corporation afirma son de su propiedad, José Dantés Díaz resaltó que esto es algo que tiene que determinar el Instituto de Ciencias Forenses, a través de una experticia.
“Es una experticia que determine, no en el caso del Congreso Nacional, ya que este ha dado las certificaciones donde hace contar que eso es falso, sino en el caso del poder presidencial del año 1985, dos poderes presidencial con una misma fecha, con un número igual y varios beneficiarios distintos, ahí hay que hacer una experticia caligráfica que determine, primero que eso es falso y dos que no corresponde con la venta que se llevó a cabo”.
Cuestionó que cómo con todos esos documentos se pudo llevar a cabo un proceso técnico legal, ante los órganos de jurisdicción inmobiliaria para hacer esas trasferencia.
Por lo cual apuntó que en las actas de las audiencias hay una oposición del CEA, donde hace constar que no encuentran los contratos de venta y pide un plazo a ese tribunal para ellos poder buscar a ver si hayan esos contratos de venta.
Concluyó que, “hubo varias audiencias donde el CEA no se presentó y ese tribunal finalmente decidió autorizar el deslinde de esas dos parcelas y la transferencia para esta compañías”.
Sentenciados
El 19 de agosto es la fecha límite que tiene Lajun Corporación, compañía que administra el vertedero de Duquesa y que hace una semana se ha mantenido en conflictos con los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, para cumplir con el contrato.
Según información del alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, de esta no cumplir en la fecha establecida, el ayuntamiento que dirige actuará para rescindir del acuerdo y negociaciones con esa compañía.
Luego de los fuertes conflictos en los cuales resultaron afectados los ciudadano por el cúmulo de basura en las comunidades, René Polanco había informado que le fue enviado un acto de alguacil a la empresa Lajun Corporation, en el que hacen constar las razones para una intervención del vertedero ante el incumplimiento por parte de la compañía del contrato firmado con esta alcaldía.
Polanco, al dar esta información, reveló que Lajun ha incumplido hasta la fecha con 20 cláusulas del acuerdo que tienen ambas entidades.
