A salido a relucir a través de distintos medios, que la Embajada Norteamericana habría presionado al gobierno de Medina para que procesaran a los involucrados en el caso de Odebrecht y que si no lo hacían la justicia Norteamericana iba a iniciar el procesamiento judicial, ya que la constructora Odebrecht vende acciones en la bolsa de valores Norteamericana situación que la convierte en una empresa pública sujeta a las regulaciones estatales.
Ante estas permanentes presiones de la Embajada Norteamericana, el gobierno del Presidente Medina se vio obligado a iniciar el actual proceso de enjuiciamiento de funcionarios públicos, congresistas y miembros del partido oficialista y del opositor PRM.
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El gobierno del Presidente Danilo Medina no iba a poder resistir el posible escenario en el que sus funcionarios, miembros importantes de su partido y personas del entorno cercano del Presidente hubiesen sido procesados judicialmente en suelo norteamericano, ya que allí el PLD no tenía ni mínimas posibilidades de controlar un escenario de imputaciones penales que involucran de cierta forma al propio presidente de la República.
Los asesores del Presidente le recomendaron aprovechar el escenario para matar varios pájaros de un tiro. El Presidente del PRM, principal partido opositor de la República Dominicana, quien en tiempos de apogeo Odebrechista fue presidente del Senado fue apresado a pesar de que durante su gestión apenas fueron aprobados el 6% de los contratos de Odebrecht, a diferencia del actual Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien durante su gestión dirigió la votación en la que se han aprobado más del 60% de los contratos de Odebrecht.
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El Presidente Medina tiene profundas, íntimas y confiables relaciones políticas y personales con la familia Pared Pérez condición que los coloca en un estado de intocables.
Tanto el Presidente del opositor partido Alianza País, Guillermo Moreno, como el diputado Fidelio Despradel piden al procurador incluir en el caso al Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo y Abel Martinez, en cuyas Presidencias fue que se aprobaron la mayoría de los contratos de Odebrecht.
La Embajada Norteamericana sigue de cerca el desenlace judicial del caso de corrupción más importante de toda la historia de latinoamerica y el caribe ya que desconfían de un sistema de justicia altamente controlado por el gobernante y hegemónico Partido de la Liberación Dominicana.
