Las últimas dos investigaciones regionales, las acreditadas Barómetro de las Américas (BA) y Latinobarómetro (LB), recién publicadas, ratifican la crisis institucional y el deterioro moral del país, con altos niveles de clientelismo y corrupción, escasa confianza en los partidos, el Congreso, la Policía y la Justicia, y muy alta percepción de inseguridad.
El liderazgo político debería reflexionar sobre el futuro de una sociedad donde el 42% de sus habitantes dice tener la intención de abandonarla, lo que alcanza hasta el 60% de la franja entre 18 y 25 años de edad, y el 48% entre los 26 y los 35 años, el cuarto peor entre 29 países de América Latina y el Caribe.
Tiene que causar estupor que el BA, el estudio sobre “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016-17”, haya establecido que el 42% de la población nacional tiene intención de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años, ocupando el cuarto peor lugar entre 29 naciones evaluadas, sólo después de tres caribeños, Haití, Jamaica y Dominica. Esa tasa supera en 6 puntos el 36% del 2006, pero en 13 puntos el 29% que lo manifestó en la investigación del 2014.
El estudio con recolección de datos entre fines de octubre y 3 de diciembre de 2016, se torna más preocupante cuando se advierte que son los jóvenes los más dispuestos a marcharse, en proporción del 60% los que están entre 18 y 25 años, y el 48% en la franja de 26 a 35 años. Y también porque quienes expresan más alta intención de irse son los jóvenes de los tres quintiles que mayores recursos reciben, en proporciones del 45 al 49%, mientras los de los dos quintiles más pobres con el 39 y 36%.
“Si los jóvenes y las personas con mayores recursos tienen intención de irse, entonces la República Dominicana enfrenta un serio problema para el desarrollo, ya que las personas con más recursos y capacidades no apuestan a quedarse en el país”, indica el “Estudio comparado sobre Democracia y Gobernabilidad, que abarcó 29 países de América Latina y el Caribe e incluyó más de 43 mil encuestados, con auspicios de cuatro instituciones, entre ellas la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El capítulo dominicano, entregado esta semana en un libro, fue responsabilidad de las doctoras Rosario Espinal y Jana Morgan.
Peor en Latinobarómetro. La pregunta formulada por el BA fue “¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años?” Y es relevante que otra acreditada encuesta regional publicada tres semanas antes, Latinobarómetro, arroja 60%, superando en 6 puntos los que en el 2015 respondieron sí a la pregunta “¿Usted y su familia han considerado seriamente vivir en el extranjero?”. En esta, RD lidera los 18 países incluidos, entre los que no están Haití, Jamaica y Dominica.
El que sean los más jóvenes y los mejor situados económicamente tiene muchas implicaciones, la primera es que en ese segmento están los mejor preparados profesionalmente, muchos de ellos de los miles que han sido becados para estudios de grado y postgrado en el exterior, que mantienen vínculos externos y poseen más recursos superaron en ellos, por lo menos en cuanto no servirían al desarrollo nacional.
Esa intención marcaría un cambio en la estratificación social de los emigrantes dominicanos, que en las últimas seis décadas pasaron del millón y medio, en gran proporción de la baja clase media y sectores populares. Y se correspondería con la realidad de que las fronteras se están cerrando para los inmigrantes sin mayor formación técnica o profesional.
Esa emigración dominicana sí contribuyó al desarrollo nacional, primero bajando la tensión social por el empleo, y segundo a través de sus remesas. El Barómetro de las Américas establece que el 23 por ciento de los hogares dominicanos, séptimo lugar en la región, reciben remesas de sus parientes en el exterior. Esas remesas en el 2016 superaron los 5 mil millones de dólares, sin repatriación al exterior ni nada incluido, a diferencia de los más de 6 mil millones de dólares que aportó el turismo.
¿Por qué se quieren ir? No se cuestionó las razones por las que tan significativa proporción se quiere ir del país, pero las mismas pueden encontrarse en los resultados generales de ambas investigaciones sociales. Resalta la ínfima confianza en el liderazgo político, que LB establece en apenas 15% y el BA en 20%. En LA, la satisfacción con la democracia se registra en 32% y el apoyo de la población a la democracia cae del 65 al 54% en 2017, en relación al 2004. El BA indica un todavía alto 62%, pero 20 puntos menos que el 82% del 2006, mientras la simpatía con los partidos cayó 21 puntos de 63% a 42%, apenas en cuatro años,
Los niveles de corrupción en el sistema político que percibe la ciudadanía dominicana, ya marcados por las encuestas nacionales, como la reciente Gallup-HOY, donde el 89% lo estimó alarmante, son ratificados en el BA. Aquí el 84% cree que al menos la mitad de los políticos son corruptos. Y LB indica que RD es el séptimo país de la región con más alta percepción de la corrupción como principal problema nacional. Coloca al país como líder en clientelismo, según el 53% de la población, 20 puntos sobre el promedio regional de 33%.
Un elemento clave para el intento de huida del país es el nivel de percepción de la inseguridad ciudadana, que el BA establece como el segundo más alto de 29 países de la región, superado solo por Venezuela. La inseguridad promedio en el barrio aumentó del 56 al 59 por ciento, del 2014 al 2016. Y el 46% de la población estima que el problema más grave del país está relacionado con la delincuencia y el crimen.
Crisis de las instituciones. Tanto en el Barómetro de las Américas como en Latinobarómetro resalta la profunda desconfianza de los dominicanos en las instituciones fundamentales del Estado, particularmente el Congreso, la Justicia, Policía, Fuerzas Armadas y Gobierno, aunque la valoración del Gobierno sigue entre las más altas de la región. En LB su aprobación es 52%, solo por debajo de Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Pero resalta que en solo un año, del 2016 cuando era 76%, cayó 20 puntos. Pero el 87% cree que el Gobierno sirve a los intereses de unos pocos. La confianza en el Poder Judicial es solo del 22%, mientras en el Congreso y el Tribunal Superior Electoral se registra en 23%, en la Policía 24% y en las Fuerzas Armadas 42%.
En BA la confianza se expresa en 23% para la gestión del Congreso, 36% en la Policía y 42% en la Justicia, y apenas el 35% dice confiar en las elecciones. Las simpatías por los partidos cae 21 puntos, del 63% en el 2012, ahora al 42%.
Y el apoyo a la democracia baja 20 puntos, del 82% en el 2006 ahora al 62%. La confianza en el trabajo del presidente Medina sigue alta, en 62% al 2016, aunque 9 puntos menos que 71% del 2014.
En el BA resalta que el 68 por ciento expresa confianza en los medios de comunicación social, aunque un bajo 35% cree que hay muy poca libertad de prensa y 46% cree que hay poca libertad de expresión.
La respuesta política. El liderazgo político nacional debería salir de su burbuja para reconocer las señales de grave insatisfacción que registran estas investigaciones latinoamericanas y caribeñas.
En gran parte de los países la confianza en la democracia y las instituciones están en picada, en medio de una profunda crisis del sistema de partidos, de ideologías y ética.
La desconfianza se ha expresado en los últimos años con la emergencia de gobiernos basados en nuevos agrupamientos políticos, como en Costa Rica, panamá, Guatemala, El Salvador y Argentina. Y en Honduras un frente improvisado que postuló una figura mediática para enfrentar la reelección inconstitucional del presidente Orlando Hernández, avalada por un controlado Tribunal Constitucional, probablemente haya obtenido mayor respaldo como indicó el primer boletín con 57% de los votos, superado a duras penas tras un “apagón informativo” de tres días. La crisis del sistema partidista pasó antes por Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.
En la República Dominicana el sistema político dominante se niega a escuchar los diagnósticos que recomiendan reformas fundamentales para recuperar los procedimientos democráticos y reducir la corrupción, el clientelismo y la impunidad, a pesar de la emergencia de un movimiento masivo sin precedente como la Marcha Verde.
En vez de previsiones para atender las demandas, los que discuten el proyecto de Ley de Partidos han consensuado contra reformas como permitir los aportes al partidismo de las empresa extranjeras con representación local, prohibidos en la actual Ley Electoral, o estableciendo un límite de contribuciones individuales muy alto, que en las elecciones pasadas hubiese sido de 4 millones de pesos.
Peor todavía es el empeño de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer, aún contra una parte de su propio partido, la mayoría de sus aliados y de todos los de la oposición, la elección de candidatos con padrón universal abierto. Esto duplicaría el costo de los procesos electorales, promovería más el clientelismo y la corrupción con la compra de votos y la influencia del dinero aún entre los competidores del mismo partido.
Por Juan Bolivar Díaz
