La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) planteó este jueves la importancia de que el Congreso Nacional ejerza su rol de fiscalizador del Estado como mecanismo de control, “especialmente de cara a los últimos acontecimientos y solicitudes de intervención de este poder en la revisión de contrataciones realizadas”.
La entidad hizo el planteamiento luego del reclamo de la diputada Faride Raful en nombre de una comisión de legisladores del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la Cámara de Diputados para que ordenara una comisión investigadora de los contratos entre el Gobierno y la empresa del brasileño Joao Santana y su esposa Mónica Moura, pedido que fue rechazado por el hemiciclo. La legisladora afirma que los contratos fueron por RD$1,400 millones y el Gobierno la desmiente y dice que fueron por RD$430 millones.
A través de una nota de prensa, la Finjus indicó que es importante que el Congreso actúe en consecuencia “dada la relevancia que el gasto público racional tiene para asegurar la transparencia y la efectiva rendición de cuentas de parte de los poderes del Estado”.
“El Congreso Nacional ostenta, además de sus funciones de representar y legislar, la prerrogativa de fiscalizar el accionar estatal con el propósito de apoyar y fortalecer la ejecución de las políticas públicas desde una posición de supervisión. Esta función de mecanismo político interesa sobremanera pues también corresponde dentro de ella la observación de los estados de recaudación e inversión de las rentas que presenta el Poder Ejecutivo”, adujo en el documento.
Respecto a la creación de comisiones la Constitución ha previsto la facultad de formar comisiones con las condiciones y límites expresados en la propia norma constitucional. Precisa que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público que suscita el interés del Parlamento.
