Artículo de opinión del periodista Juan Bolivar Díaz
Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de tiempo razonable para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos dominantes reconozcan que no hay condiciones para que las elecciones presidenciales y congresuales puedan celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que sean aplazadas hasta julio próximo.
De hecho la solicitud del Gobierno para que el Congreso extienda por otros 25 días el estado de emergencia aprobado en principio hasta el 13 de abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene implicaciones políticas al mantener limitadas las reuniones, manifestaciones públicas y la libre circulación.
Una semana santísima. La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del Gobierno, que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por otras dos semanas a partir de un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, fundamental para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus.
Esta semana comenzócon 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1,488 y 68, con incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América Latina en tasa de letalidad del covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, y fallecimientos, 241 y 95, Pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 millones de ecuatorianos.
Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos.
No tendrían legitimidad. Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la crisis económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén.
La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas circunstancias dejaría fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto Rico, y 2% en Italia, en los países más asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al Presidente, sino también 7 diputados.
Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin contar los delegados de los partidos políticos.
Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la ciudadanía de que acuda a los centros de votación.
Iniciativa de los pequeños. A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y delegados de los partidos.
En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se ha programado imprimir las boletas electorales.
Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso contrario habría un vacío de poder, porque la Carta Magna no contempla la posibilidad de que no se elijan las autoridades cada cuatro años.
A quien favorece seguir. En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido Revolucionario Moderno y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias.
Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos.
En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al contagio del covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, donde el poder gubernamental del PLD queda anulado.
Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.
Aprovechamiento sin tregua. Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir instrumentos y materiales para afrontar la crisis del covid-19, publicadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools &Resourses Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia.
Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se dedicaría al “suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar el coronavirus.
Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools &Resourses recibió la mayor parte de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que actualizar su especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la GedcoInversuply.
Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas.
El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con decenas de contaminados por carecer de la debida protección.
