SANTO DOMINGO. La empresa de Telecomunicaciones VIVA depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medidas cautelares contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) por la Resolución No.77-17, que aprobó la fusión de Altice y, según afirma, le asignó a título gratuito 20 MHz de espectro radioeléctrico.
La solicitud fue realizada por el jurista Miguel Valerio, abogado apoderado de VIVA, ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, en un documento que solicita, entre otras medidas, la suspensión inmediata del otorgamiento y uso de los segmentos de frecuencias en las bandas 1720-1730 MHz y 2120-2130 MHz otorgados a Altice Hispaniola por la citada resolución hasta tanto sea conocido el recurso contencioso administrativo.
Una comunicación de prensa enviada por VIVA dice que del escrito depositado explica que las medidas cautelares han sido solicitadas para evitar “de forma inminente graves perjuicios a VIVA por efecto de una competencia desleal e incentivada por una decisión del Indotel a todas luces desproporcionada, y en contra de principios básicos del mercado, como es el de igualdad de oportunidades en la libre competencia”.
Las medidas cautelares solicitadas incluyen igualmente el otorgamiento a favor de VIVA del uso de una frecuencia igual a la otorgada a favor de Altice, a la vez que se solicita que se disponga el pago de un astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por cada día que transcurran sin darle cumplimiento a las órdenes cautelares a ser dispuestas.
Agrega que la solicitud explica que las medidas cautelares se justifican por el peligro que existe en que el TSA se demore en la revocación de la resolución en cuestión si se toma en cuenta que “el Consejo Directivo del INDOTEL cedió a favor de Altice una frecuencia de 20 MHz para servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, en perjuicio de los intereses de VIVA y de su “posibilidad de competencia justa y equitativa en el mercado”.
Igualmente, Valerio agregó que “esas frecuencias debieron ser ofertadas mediante un proceso de licitación pública, en el cual debieron participar todos los proveedores que pudieran haber estado interesados”.
Afirma que “con esa actuación irregular el INDOTEL benefició y otorgó un privilegio a Altice Hispaniola un beneficio de US$20,000,000.00, cuya suma al no haber sido pagada por esta última entidad”.
