La Unión Europea ha levantado cerca de mil kilómetros de barreras físicas en sus fronteras desde los años noventa para impedir la entrada a inmigrantes, según un informe de tres organizaciones publicado ayer, con motivo del 29 aniversario de la caída del muro que más avergonzó a Europa, el de Berlín.
Diez países de la UE (España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania) han erigido vallas en sus fronteras en las últimas décadas por razones migratorias, según la investigación, llevada a cabo por el Centro Del‡s de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel.
Esas barreras están en las fronteras externas de la Unión pero también entre los propios Estados miembros, señala el documento, que analiza en particular los obstáculos en la ruta de los Balcanes, en el norte de África (con España -Ceuta y Melilla-), en el Reino Unido y en las repúblicas Bálticas y la frontera con Rusia.
Según el informe, la política europea considera “una amenaza para la seguridad” la llegada de flujos migratorios y de personas desplazadas por la fuerza y apuesta por la creciente “militarización” de la Agencia europea de fronteras y costas (Frontex).
El informe concluye que “en lugar de dar prioridad a los métodos humanitarios en la gestión de los flujos migratorios y de tratar los problemas estructurales de violencia global y desigualdad económica”, la UE “ha optado por levantar muros sociales, políticos y físicos argumentando que así protege el territorio europeo de la inseguridad y el terror”.
Para cambiar ese enfoque, el documento recoge una serie de recomendaciones, incluida la idea de abrir un debate con la sociedad civil sobre “el modelo de seguridad que queremos”, la conversión de Frontex en una “agencia humanitaria europea no militarizada” o la aplicación de campañas contra el racismo y la xenofobia.
“Una UE de fronteras abiertas es hoy en día un ideal sin cumplir, ni siquiera (se da) en el espacio Schengen, donde las fronteras parecen abiertas pero en realidad se controla y almacenan los datos de todos nuestros movimientos” explicó a Efe Ainhoa Ruiz, coautora del estudio.
El informe, añadió, “pretende abrir la reflexión sobre un aspecto del que hablamos poco, que es el derecho al movimiento. Hay personas que tienen más acceso a la movilidad global y eso está determinado por dinámicas de poder territorial”.
