El gobierno francés está aplicando mano dura contra los inmigrantes que se encuentran sin permiso para estar en el país, a pesar de denuncias de que ello está llevando a abusos y empañando la reputación nacional de tolerancia.
El presidente Emmanuel Macron ha exigido sacar de las calles a todos los migrantes antes de que culmine el año. Es improbable que se cumpla el plazo, pero el gobierno está endureciendo las condiciones: aumentando las expulsiones, intensificando la presión sobre los extranjeros que llegaron por razones económicas y permitiendo que la policía revise documentos de identidad en asilos de emergencia.
Han surgido denuncias de que las fuertes medidas contra los migrantes contradicen la imagen que Macron cultivó de humanista frente a la candidatura populista antiinmigrante que él derrotó en las elecciones. Afirman a además que a diferencia de presidentes anteriores, es una inédita afrenta a la imagen del país como cuna de los derechos humanos.
Desde los nevados Alpes hasta las fronteras con España y Alemania, los migrantes siguen entrando a Francia. Solamente en París, la policía ha evacuado a unos 30.000 migrantes que dormían en las aceras de las calles los últimos dos años.
«Vivo en la calle, vino en una carpa. A veces consigo comida, a veces no consigo comida», expresó Samsoor Rasooli, un afgano de 25 años de edad que estaba en la fila desde las 6 de la mañana en la oficina en París a cargo de procesar solicitudes de asilo. Algunos de los refugiados pasaron la noche en la inmunda acera a fin de no perder su lugar en la cola.
Al mediodía las puertas se cerraron, pues se había copado la cuota de solicitantes para ese día. «Es invierno, yo no puedo dormir en la calle», expresó Rasooli.
El que consigue asilo consigue vivienda temporal, pero sólo un tercio de los 95.000 solicitantes este año lo consiguieron, según cifras oficiales.
El enorme campamento improvisado en Calais, cerca del Canal de la Mancha, fue desmantelado este año. Los migrantes acampados allí se trasladaron a otros lugares en Francia, pero otros siguen llegando con la esperanza de llegar a Gran Bretaña y han sido recibidos con gran hostilidad de la población.
El máximo órgano administrativo de Francia dijo que los migrantes han sido víctima de condiciones inhumanas y denigrantes, y una investigación realizada a instancias del Ministerio de Relaciones Interiores halló que «es posible» que la policía usara fuerza excesiva contra los extranjeros, como denunció Human Rights Watch.
El próximo año será debatida en el Parlamento una ley para reestructurar el sistema de inmigración. La ley aumentará la cantidad de solicitudes de asilo permitidas, pero también duplicará a 90 días el lapso de tiempo que una persona sin papeles puede permanecer en un centro de detención. La nueva estrategia, según voceros del gobierno, será «balanceada» y «eficiente».
