El doctor Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Todos y Todas dijo que el Presidente de la Republica deberá rendir cuentas sobre tres aspectos básicos como son: la Corrupción, el rumbo de la economía y la no aplicación de las pensiones no contributivas establecida en la ley 87-01. Ya la corrupción no es una ficción, hay muchos casos que muestran evidencias de lo generalizada que está la corrupción en el actual gobierno. Este flagelo se ha escapado a los mecanismos de control de la corrupción porque no ha existida una verdadera voluntad para detenerla. Como lo haría si el presidente siempre lo ha negado? por lo que el deberá comprometerse con un fiscal y un juez especiales creado por consenso para investigar y castigar la corrupción.
En todas las empresas del Estado se viola la Ley de Presupuesto, incluyendo el Ministerio de Educación. Todas las instituciones tienen deudas que superan los presupuestos aprobados. Hay que pagar soborno para ser escogido como prestador, para los concursos y compras y para hacer efectivo los pagos.
La corrupción corroe toda posibilidad de que el presupuesto de la nación mitigue las condiciones de la población más vulnerable, porque todas las acciones del gobierno son sobreevaluadas y esto deberá investigarse, y castigar a los corruptos, enfatizó Severino. Por otro lado el presidente del Movimiento Patria para Todos y Todas, manifestó que los informes del FMI y el BID muestran lo que en varias ocasiones hemos señalado, que el endeudamiento externo, que obliga al pago de más del 5% en intereses y capital del sector financiero y no financiero, afectaría la economía y naturalmente la población.
La devaluación del peso dominicano, aumentará los precios de muchos artículos importados, y el riesgo de no pago persiste en la economía dominicana, pues el aumentos de los intereses a nivel internacional hará más difícil el pago. Hay que recordar los intereses presupuestados para el 2017 representan el 4% del PBI y el 29% de los ingresos estimados.
Las pensiones
En cuanto a las pensiones no contributivas o subsidiada, hace 16 años que se aprobó la Ley de Seguridad Social 87-01 y cuatro años de vigencia el reglamento para esta prestación y el gobierno no ha cumplido, por lo que más de 500 mil personas que deben recibirla le ha sido denegado este derecho constitucional.
