Por Juan Acosta / Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La embestida del presidente Luis Abinader contra lo que definió como el “infame peaje sombra” durante su discurso del 27 de febrero, ha obligado a airear los intríngulis de un contrato en el que sobresale la negligencia de los negociadores a la hora de defender los intereses del país.
La vía, que recorre 106 kilómetros, fue inaugurada oficialmente el 12 de diciembre del 2008, en la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aunque desde el primero de junio de ese mismo año había sido abierta al público.
Otros responsables del “tollo” fueron los entonces secretarios de Finanzas (hoy Hacienda), Vicente Bengoa, y de Obras Públicas, Freddy Pérez, quienes “representaron los intereses” de los dominicanos, en posteriores negociaciones con los constructores.
Tantas veces se ha hablado de negociación para eliminar el criticado pago por no cubrirse la cuota de ingresos calculados por “negociadores originales”, que el actual anuncio en ese sentido no pocos le dan credibilidad.
El actual Gobierno está tan animando en alianzas con el sector privado, antes de firmarlos los ciudadanos deberían saber previamente las condiciones, identificando los negociadores y las condiciones a establecer.
El anterior requerimiento tiene sentido porque el ahora inefable peaje sombra sus auspiciadores se auto-acusan de ser los responsables originales y continuadores.
¿Ahora sí?
Como primer paso para eliminar el pago estatal del pago sombra ya fue anunciado por el Gobierno extendiendo un contrato al abogado independiente Enmanuel Esquea Guerrero para estudiar el contrato en cuestión.
En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader consideró de “inaceptable” el gasto que representa para el estado el controversial peaje sombra, el que ya ha costado al país 26 mil millones de pesos.
Ya antes, en 2014, el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se hartó de decir que favorecía una renegociación de los acuerdos firmados por el Estado que no estén dando beneficios, incluyendo el de la carretera Juan Pablo II, o Autovía del Nordeste.
“Yo estoy de acuerdo que se renegocie todo lo que haya renegociar para beneficiar al Estado Dominicano con mejores condiciones. Eso (el contrato) se ha estado revisando, se ha ido revisando, pero cuando el gobierno firma un contrato, nosotros tenemos que tener mucho cuidado del tema que le damos a eso, sobre todo cuando se trata de repercusiones internacionales”, explicó el funcionario.
Recordó que el compromiso económico contraído para construir la Autovía del Nordeste fue heredado de la pasada administración (refiriéndose a la tercera gestión de Fernández), pero reconoció que “pudo ser un mejor contrato”.
El año anterior (2013), el Estado pagó un peaje sombra de RD$2,272.1 millones, debido a que por la citada vía no estaba circulando la cantidad de vehículos que se proyectó.
Dos años después, el 23 de febrero del 2015, el funcionario volvió a referirse al tema, y se mostró a favor de que se renegocien los contratos contraídos por el Estado que no estén dejando beneficios, incluso el de la Autovía del Nordeste, que comunica a Santo Domingo con Samaná.
En julio de ese mismo año, dio la primicia de que el Gobierno había comenzado a revisar el contrato, con miras a que esa vía pase a ser manejada por las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, nunca se conocieron los resultados de la real o falsa revisión, porque se mantiene el pago de subsidio a los concesionarios de la vía.
Como si se tratara de un ritual, el actual ministro de Obras Públicas. Deligne Ascención, también ha anunciado que sostiene un proceso de negociación con el consorcio, “para la concretización de un acuerdo que permita una “reducción significativa”, no eliminación del costo del subsidio del “peaje sombra”.
Los “responsables”
Varios han sido señalados como los responsables del problema, al no defender los intereses nacionales, durante las negociaciones, al aceptar proyecciones de ingresos por peajes sin tener estudios fiables.
De un lado se afirma que el nacimiento de la idea de construir la carretera promovida para unir la capital con Samaná, pero que no llegó a este último destino, en 1998, durante el primer gobierno del ex presidente Leonel Fernández.
También se asegura que el costo inicial fue de US$125 millones, pero que la obra se paralizó en el último año del mandato de Hipólito Mejía, y retomada en abril del 2005 por Fernández.
En torno al tema, el abogado Francisco -Pancho- Álvarez consideró que los exministros de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado y Víctor Díaz Rúa deberían rendir cuentas al país por haber refrendado el contrato que obliga al Estado a pagar miles de millones de pesos por concepto del peaje sombra.
Este compromiso está contenido en una cláusula que garantiza a la empresa concesionaria un ingreso mínimo, que no es cubierto por la baja circulación vehicular en la autopista del Nordeste.
Otra versión
Otra versión la ofrece el actual miembro del partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, quien indica que pese a lo que se ha dicho, “el peaje sombra en la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico, tiene su origen en el gobierno de Hipólito Mejía”.
A través de su cuenta de Twitter negó que el mismo haya sido promovido por el expresidente Fernández, asegurando que la aprobación del subsidio estatal se hizo en un Congreso aprobado por el Partido Revolucionario Dominicano.
“Esto no tiene madre, el peaje sombra tiene su origen en el gobierno 2000-2004, con la aprobación de un congreso controlado por el PRD, mayoría de esos congresistas (ahora) están en el @PRM Oficial, pero algunos opinadores quieren forzar la tuerca. Tornillo con tuerca para que @LeonelFernandez explique. Hombre encogiendo los hombros”, escribió.
Ciertamente, las partidas se destinan en cumplimiento al contrato arribado el 18 de julio del 2001 entre el Estado dominicano y la empresa constructora Autopista del Nordeste, en lo referente al Ingreso Mínimo Garantizado que se aplica para cubrir el déficit que deja a la empresa la baja circulación de vehículos.
La firma se llevó a cabo por el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, presidente del Consejo de Administración de Autopistas del Nordeste.
Aunque la rúbrica se llevó a cabo en el 2001, el gobierno había entregado la carretera a concesión durante la primera gestión de Leonel Fernández, en 1998 con un costo inicial de US$125 millones. La obra fue paralizada en el último año del mandato de Hipólito Mejía, y retomada en abril del 2005 por Fernández.
Con el pasar del tiempo, cada vez el costo final de la obra ha ido aumentando, mientras el tráfico vehicular se achica, en perjuicio de los contribuyentes y beneficioso para sus dueños y asociados “en la sombra”.
La última cifra dada como inversión (con garantía de pago del Estado dominicano) fue de US$305 millones, mientras el gobierno dominicano ha desembolsado mucho más de RD$20,00 millones.
Al respecto, se cita el último informe rendido por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), al 2 de noviembre último, en el que precisa que el Estado pagó RD$2,676 millones correspondiente al 2020, siendo éste el monto más alto de los años contabilizados.
Ingreso mínimo y el desplome
Como era de suponerse, el cálculo de la circulación vehicular por la indicada vía ha ido cada vez disminuyendo, lo que implica un sangrando económico para el Estado, sin que le haya pedido explicación a los “negociadores del gobierno”.
Esas “negociaciones” han provocado que las partidas a pagar fueran incluidas en la Ley de Presupuesto General del Estado, que en el 2012 destinó un monto de RD$1,838.2 millones; en 2013; RD$1,339.2; en el 2014, RD$2,272; en 2015, RD$2,500 millones y en 2016, RD$2,836.4 millones.
La vía, que recorre 106 kilómetros desde la autopista Las Américas hasta la carretera que va a Samaná, fue inaugurada oficialmente el 12 de diciembre del 2008, en la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aunque desde el primero de junio de ese mismo año había sido abierta al público.
Mal cálculo…
La baja rentabilidad que registra la vía echa por el suelo un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2005 que atribuía una alta tasa de rendimiento social a la obra y basado en esos datos otorgó una garantía para cubrir el 51% del valor de la infraestructura.
El valor del proyecto fue establecido contractualmente en US$154.4 millones en septiembre del 2003: el 20% sería aportado por el Estado, otro 20% suplido por el concesionario y el 60% obtenido mediante colocaciones de títulos.
En el 2005, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), entidad afiliada al Banco Mundial, aseguró la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná por un monto de US$251 millones.
El financiamiento del proyecto se realizó por medio de la emisión de bonos privados en el Mercado de Capitales Internacional a un plazo de 20 años y a una tasa de interés de 9.36%.
El trayecto
La carretera se inicia en el kilómetro 20 de la autopista Las Américas, atraviesa las llanuras de Bayaguana y Monte Plata, cruza las formaciones montañosas al Suroeste de Los Haitises.
Pasa también por la cuenca del Bajo Yuna, hasta empalmar con la carretera existente que va hasta Samaná, en el tramo Nagua-Sánchez. Según las estimaciones, por la vía anualmente están circulando menos de 800 mil vehículos, con un promedio diario de 2 mil vehículos.
