La ofensiva antiinmigración del Gobierno de Donald Trump apunta ahora a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente o la ciudadanía. El Registro Federal ha publicado este lunes una nueva política que afecta a los inmigrantes legales que se beneficien de prestaciones públicas estadounidenses como el programa gratuito de salud Medicaid o los cupones de alimentos. La norma, que entrará en vigor dentro de dos meses, amplía la definición de “carga pública” para reducir los permisos de residencia legal o green card a quienes «dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades». «Queremos que los individuos que vengan a este país sean autosuficientes», apuntó este lunes en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
«Queremos que los individuos que vengan a este país sean autosuficientes», apuntó este lunes en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). La ley vigente ya exige que los inmigrantes que solicitan un estatus legal permanente demuestren que no son “una carga” para Estados Unidos. La definición de «carga» es aquellos que dependen principalmente de los programas de asistencia pública para vivir. Pero los nuevos estándares del Departamento de Seguridad Nacional, que entrarán en vigor a mediados de octubre, amplían el concepto a «un individuo que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses”. Si alguien recibe dos ayudas durante un mes, contará como dos meses.
La nueva política explica que recibir ayudas «es indicativo de un estado financiero débil y aumenta la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública en el futuro». Los afectados serán los usuarios del Medicaid, los que han recibido algún subsidio para la vivienda, los beneficiados por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y los receptores de cupones de alimentos. También se considerarán los ingresos anuales del solicitante, su historial de crédito, si tienen los recursos financieros para pagar los costos médicos de alguna «condición» o cubrir cualquier costo médico razonablemente previsible, entre otras. La ausencia de un título universitario o el no dominar el inglés también «es relevante para determinar si un extranjero puede convertirse en una carga pública en el futuro», reza la normativa.
“Se le va a pedir a los funcionarios que tomen en consideración el historial de beneficios públicos en EE UU de un inmigrante como un factor negativo cuando examinen la solicitud”, advirtió Cuccinelli. El director de la USCIS aclaró que el endurecimiento de los requisitos fue aprobado por el Partido Republicano y el Demócrata en 1996, pero la ley nunca entró en vigor. Stephen Miller, el joven asesor de Trump y emblema de la mano dura en inmigración, fue uno de los grandes precursores para quitarle el polvo a esta política y así conseguir un sistema “basado en los méritos” sin tener que someter el proyecto a una votación en el Congreso.
Los inmigrantes legales exentos de los nuevos estándares para ser considerado “carga pública” serán las embarazadas, los usuarios del Medicaid del espectro más bajo, los menores de 21 años y los miembros activos del Ejército. Tampoco perjudicará a quienes hagan uso de la asistencia médica de emergencia, los programas de comidas escolares y los préstamos estudiantiles. Los solicitantes de asilo, las víctimas de tráfico de personas, violencia doméstica y los refugiados tampoco tendrán que ser medidos por esta vara.
Unas 550.000 personas solicitan cada año una green card, de los cuales 382.000 serán objeto del endurecimiento de los requisitos para recibirla, según el Gobierno, citado por The Associated Press. La nueva política llega en un momento sensible para la comunidad latina, que representan . La semana pasada se produjo la mayor redada en una década en EE UU. Centenares de agentes de la policía de inmigración detuvieron en Misisipi a 680 trabajadores de siete plantas de procesamiento de alimentos, reviviendo el temor a ser deportados. La macro operación tuvo lugar apenas unos días después de la masacre de El Paso (Texas). Patrick Wood Crusius, un hombre blanco de 21 años, mató a 22 personas e hirió a otras dos docenas en un tiroteo dirigido contra los mexicanos, según confesó.
En un manifiesto que la policía cree que el atacante publicó antes de disparar, el joven hablaba de una lucha contra la «invasión de hispanos». Esa retórica es recurrente en el presidente Trump, que constantemente defiende que sus medidas son para atajar la inmigración irregular, pero su último movimiento apunta a un nuevo segmento: los extranjeros legales que dependen de las ayudas sociales. Y los que probablemente podrían depender en el futuro.
