Es recurrente, en el lenguaje de los diplomáticos haitianos, usar la palabra odio, o campaña de odio, para etiquetar las críticas que los dominicanos o los medios de comunicación hacen a la creciente inmigración ilegal de haitianos a este país.
Un modelo de chantaje ya conocido, encaminado a dorar la píldora de lo que es el hecho grave de violentar las leyes migratorias de un país para establecerse en él y reclamar, más adelante, unos derechos que nunca han tenido o disfrutado en el suyo, donde nacieron.
Utilizar la expresión “campaña de odio” para describir las reacciones que se han producido en República Dominicana a favor de un mayor control de inmigrantes en la frontera es una sutil manera de restarle peso y razón al legítimo derecho de los dominicanos a defender su soberanía, sus leyes, su cultura, sus costumbres y sus valores nacionales.
Por años, la sociedad dominicana ha visto crecer exponencialmente la población flotante haitiana, compuesta casi ciento por ciento por indocumentados, sin incurrir en hechos concretos de hostilidad, violencia o estigmatización hacia ella, pese a las conductas arrogantes, desafiantes y hasta atrevidas de algunos inmigrantes que han venido con la creencia de que esta tierra les pertenece.
Si de odio se trata, habría que decir que quienes lo fomentan son aquellos que viven acusando a la República Dominicana de atropellar los derechos de los inmigrantes, legales o ilegales, para hacerse las víctimas de un monumental “genocidio civil” que los ha dejado sin patria y sin acceso a los servicios más elementales para vivir.
Ese ha sido el chantaje de siempre: imputarnos falsedades, falacias, propósitos inexistentes para denunciarnos ante el mundo como una nación de bárbaros, inhumanos, racistas y xenófobos, que patean, desprecian y echan de su suelo a los pobres haitianos que vienen en búsqueda de mejor destino.
