Organizaciones defensoras del derecho a la salud exigieron este lunes al Estado que someta a legalidad a las empresas administradoras de riesgos laborales y de salud (ARS), a las cuales acusaron de violar constantemente la Ley 87-01 de Seguridad Social en perjuicio de más de tres millones y medio de personas afiliadas.
La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, INSALUD y el Centro para el Desarrollo y la Educación (CEDUCA) advirtieron que a 17 años de promulgada la ley de Seguridad Social todavía no se ha aplicado a cabalidad el Plan Básico contemplado en el Seguro Familiar de Salud debido a la resistencia de las ARS y a la negligencia del Estado.
Como consecuencia de ese incumplimiento, las personas aseguradas tienen que pagar de sus bolsillos más del 46% de los servicios de salud que requieren.
“Las ARS privadas no conforme con las fabulosas ganancias que obtienen del negocio de la salud también se oponen a cualquier iniciativa gubernamental encaminada a garantizar la aplicación de la ley”, afirmó Alba Reyes, vocera de una de las organizaciones.
Denunciaron que en los últimos tres años se han acumulado más de 80 resoluciones de la SISALRIL que han sido apeladas por las ARS con el fin de negarles o limitarles derechos a los afiliados al Seguro Familiar de Salud.
Sostienen que la oposición de dichas empresas a la suspensión del innecesario e ilegal Reglamento de Apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social que se ha convertido en un instrumento abusivo contra los afiliados al Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud.
Señalaron que la reapertura de debates sobre la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), y que busca la suspensión inmediata del referido Reglamento.
La solicitud de medida cautelar fue conocida en febrero por el TSA, y en la misma participaron los representantes legales de SISALRIL y el CNSS; esta petición quedo en estado de fallo. Luego, las ARS solicitaron al Tribunal una reapertura de debates para ellas presentar sus argumentos de oposición a la misma.
En ese contexto, la SISALRIL solicitó la intervención forzosa de una serie de organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la salud, incluyendo asociaciones de pacientes y familiares de personas viviendo con enfermedades crónicas, fundaciones de servicios a la salud e instituciones sociales como Centro Montalvo, INSALUD, CEDUCA y Ciudad Alternativa. Varios actores y movimientos sociales como la Mesa de Salud de Foro Ciudadano y algunos integrantes de ADESA.
Solicitan, además que las ARS sean controladas y sometidas al respeto de la ley y sancionadas sus prácticas abusivas contra los proveedores y usuarios del seguro familiar de salud.
Denunciaron que en los últimos tres años se han acumulado más de 80 resoluciones de la SISALRIL que han sido apeladas por las ARS con el fin de negarles o limitarles derechos a los afiliados al Seguro Familiar de Salud.
“El Artículo 13 del Reglamento de Apelaciones del CNSS se ha convertido en una guarida de usureros que se lucran vorazmente con las necesidades de salud de la población y por lo tanto debe ser eliminado, apuntan los manifestantes”, expresaron.
Asimismo, resaltaron que el Reglamento de Apelaciones del CNSS no ha sido aprobado conforme lo ordena la Ley 87-01, la cual establece que todos los reglamentos de la ley de la seguridad social deben ser promulgados mediante decreto del Poder Ejecutivo, y publicados como tal en la Gaceta Oficial o en un periódico de Circulación Nacional.
“Exigimos al Presidente de la República que proceda a la reglamentación efectiva de las apelaciones y que lo haga de conformidad con la tutela efectiva de los derechos de los asegurados al Seguro Familiar de Salud”, subrayaron.
