SANTO DOMINGO. Sin que la Junta Central Electoral (JCE) tomara algún tipo de medidas, los partidos políticos violaron por años los reglamentos sobre la distribución económica del Estado que ordenaban sustentar con comprobantes y recibos sus informes de gastos e ingresos.
Las disposiciones del organismo electoral para la entrega de los recursos desde el año 2011 al 2015, establecían que las organizaciones políticas debían presentar una relación financiera con sus respectivos comprobantes o documentos justificativos.
A partir del año 2011 se dispuso que los partidos tenían la obligación de implementar un sistema contable que cumpliera con los principios de contabilidad, donde se reflejaran los movimientos de todos los ingresos y egresos.
En tal virtud, todas las contribuciones, en efectivo o cheque, que recibieran los partidos o agrupaciones políticas debían tener un recibo de ingreso, el cual sería firmado por la persona que recibiera el dinero.
Además los cheques que se expedían a nombre de dirigentes, coordinadores y miembros de la organización deberían tener en el detalle informaciones específicas del concepto y la naturaleza del desembolso.
“La administración del aporte del Estado deberá contabilizarse separadamente de otras fuentes de recursos en una cuenta bancaria corriente, y los gastos que se realicen, tanto con cargo a esta cuenta, como a las demás, deberán tener sus respectivos comprobantes o documentos justificados, los cuales se mantendrán archivados ordenadamente a fin de facilitar cualquier inspección que se ordene realizar”, establece el reglamento emitido en el 2015, al igual que como se consignó en los años anteriores.
Sin embargo, la mayoría de los partidos se limitaron en los últimos años a presentar sus informes financieros sin aportar ningún tipo de documento probatorio sobre el uso dado a los recursos entregados por el Estado. Depositaban vía la Secretaría General de la JCE los reportes de cuentas auditados.
Amén del incumplimiento, en el reglamento del pasado año 2016, el organismo electoral dispuso que los registros de los partidos políticos fueran auditados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
En ese sentido, se solicitó a ese organismo fiscalizador realizar una auditoría de los recursos manejados por las organizaciones políticas el pasado año electoral, experticio en desarrollo.
Según la Ley Electoral en su artículo 55, “sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.
En la rendición de cuentas correspondiente al 2016, los principales partidos no reportaron las fuentes, ni sustentaron con comprobantes, las contribuciones que recibieron durante las elecciones generales.
Los reportes corresponden a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), quienes para este 2017 recibirán una partida de RD$644,034,769.60. Por ley, la contribución económica en los años no electorales será de un cuarto por ciento (1/4%) de los ingresos nacionales.
