
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó que las informaciones y datos presentados en el programa televisivo El Informe de Alicia son extremadamente graves, por lo que han generado consternación en la sociedad y fortalecen la creencia de que el Gobierno del presidente Danilo Medina parece zozobrar en el mar de la corrupción en perjuicio del pueblo dominicano.
En un comunicado de prensa, el PRM consideró que por la contundencia y alcance de las evidencias presentadas, el presidente Danilo Medina, en su condición de máximo responsable de la Administración Pública, está obligado a ordenar una amplia investigación acerca de las operaciones y prácticas de corrupción en el manejo de los fondos y recursos materiales provistos para la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro Santo Domingo.
Resaltó que durante el citado reportaje, el ingeniero Diandino Peña, director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), responsable de la construcción y administración del Metro Santo Domingo, no pudo explicar el origen de miles de millones de pesos manejados por unas 29 empresas de su propiedad, creadas en su mayoría luego de iniciada la construcción del Metro.
El partido recalcó que en el desarrollo del citado programa de televisión se presentaron numerosos documentos que cuestionan los orígenes de los recursos con que se construyó la lujosa plaza Silver Sun Gallery en Santo Domingo, conocida como El Metrico.
“El presidente Medina tiene el compromiso ineludible frente al pueblo dominicano de solicitar a la Cámara de Cuentas una rigurosa auditoria del uso de los fondos invertidos en la construcción del Metro, así como ordenar al ministerio público que realice las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades”, expresó el PRM.
Afirmó que llama la atención cómo el alto funcionario evadió reiteradamente los procedimientos establecidos en la ley sobre la declaración jurada de bienes. Según el partido, con esa práctica el ingeniero Peña evadió también el pago de los impuestos correspondientes.
El PRM enfatizó que las evidencias presentadas contra Diandino Peña son suficientes para que el Gobierno proceda de inmediato a su destitución como director de la Opret.
Por tanto, el PRM exigió al Gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos, impidiendo su malversación, así como ometer a los funcionarios que cometan actos de corrupción.
«El país no resiste mas impunidad», concluyó el comunicado.