La República Dominicana está a las puertas de ser imputada en los tribunales internacionales por incumplir un contrato millonario suscrito por una empresa española y el Ministerio de las Fuerzas Armadas para el diseño de un mapa cartográfico de toda la geografía nacional.
A la redacción de Loquesucede fueron remitidas las documentaciones que avalan que esta empresa española cumplió con los rigores de la ley y los requerimientos del concurso realizado para la obtención de dicho contrato.
A pesar de ello, el actual ministro de las Fuerzas Armadas, Ruben Paulino Sem, se ha negado a cumplir con el principio de continuidad del Estado en el que esta llamado a dar seguimiento a las decisiones emanadas de pasadas gestiones en dicha institución. El contrato fue otorgado durante la gestión de quien hoy es el director del DNI, Sigfrido Pared Perez.
Después de realizado todos los esfuerzos posibles en el que hasta la Embajada Española se vio obligada a intervenir en procura de zanjar las desavenencias e inconformidades que pudieran haber por parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento cabal de un contrato obtenido por vía lícita y transparente, la empresa española se ha visto compelida ha preparar un voluptuoso expediente en el que la República Dominicana sería imputada en los tribunales internacionales por incumplimiento de contrato, y en los tribunales nacionales sería imputado el Ministro de las Fuerzas Armadas por supuestamente atentar contra varios tipos penales estipulado en nuestra normativa.
Hablamos de un caso que estremecerá la nación dominicana cuando salgan a relucir intentos por parte de la actual cúpula de las FFAA para condicionar el cumplimiento de un contrato millonario que ya fue suscrito por el Estado dominicano. El contrato fue otorgado por el monto de US$50 millones de dolares con el objetivo de diseñar uno de los mas modernos y actualizados Mapas Cartográficos de toda la region.
A pesar de que el objetivo del contrato reviste una enorme importancia para la nación y en especifico para nuestras fuerzas castrenses, Paulino Sem se ha negado sospechosamente a cumplirlo, no temiendo a las consecuencias penales locales y a las sanciones millonarias que recibirá nuestro país cuando sea apoderado un tribunal internacional llamado a dirimir este tipo de conflictos contractuales entre un Estado y una entidad privada.
