SANTO DOMINGO. La Junta de Vecinos “Amigos del Parque” volvió a denunciar este jueves que en el centro del Mirador Sur continúa operando un negocio compuesto por asaderos y bares que, “contra toda ley y sentido de respeto por el área que originalmente fue creada para el esparcimiento de niños”, vende toda clase de bebidas alcohólicas, violenta la tranquilidad de los edificios aledaños con música grabada, en vivo o karaoke sin límites de horarios.
Reymi Castellanos, presidente de la junta, denunció que, por la naturaleza del mismo, estos negocios han sido escenarios de trifulcas violentas entre su propia clientela, generando situaciones que impactan al vecindario y motivan el conflicto permanente.
Dijeron que ante el caos, vecinos y administraciones de condominios han realizado innumerables denuncias tanto a las autoridades del 9-1-1 por las incidencias con música alta como con el mismo alcalde del Distrito Nacional, David Collado, y sus representantes en varias ocasiones.
Los dos principales edificios que resultan afectados por el ruido son la torre Mirador I y II, que se ubican justo al frente de los comercios en la avenida Anacaona, casi esquina Nuñez de Cáceres.
Rememoraron que, en abril del 2018, Collado confirmó a la junta de vecinos que el ayuntamiento ya estaba procediendo dado que el contrato de los propietarios del negocio ya estaba vencido y en agosto del mismo año, la gobernadora del parque Mirador Sur, Belinda Mastrolilli, confirmó a la prensa que dicho caso seguía en un proceso legal.
Recordaron además que, en octubre, la junta de vecinos tuvo la última reunión con representantes del Ayuntamiento, quienes aseguraron les proveerían el estatus del proceso legal con el establecimiento en cuestión.
“De esto la junta de vecinos no ha obtenido resultados positivos para los propietarios e inquilinos de la zona, mientras el referido negocio opera a sus anchas celebrando fiestas y eventos sin ningún tipo de control”, dijo el representante de los vecinos.
Expresan que, en teoría, la violación de leyes medioambientales con la contaminación sónica, el expendio de bebidas alcohólicas en un área infantil, el contrato de arrendamiento vencido y el impacto en general que este negocio ha causado en el área serían suficientes para ejecutar una orden de cierre sin mediar con ningún parámetro adicional.
Lamentaron que “ninguna autoridad nombrada parece tener real control sobre los atropellos que puedan cometer personas con vínculos con altos cargos políticos como parece ser el caso del propietario de los negocios” “La Parrillada” y “The Garden”.
