En fecha 08 de abril del año 2015 la entonces Presidenta del Senado de la República, Cristina Lizardo, envió un memorando interno al entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, en el que le remitía la aprobación del contrato No.14.2.1236.1 suscrito entre el Estado dominicano y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) y la Constructora Norberto Odebrecht, cuyo monto envuelto ascendía a la suma de US$656,008,078.00 (seiscientos cincuenta y seis millones, ocho mil setenta y ocho dólares estadounidenses), que traducidos a pesos dominicanos totalizan un aproximado de RD$30,000,000,000 treinta mil millones de pesos.
A pesar de que la senadora Cristina Lizardo y el actual alcalde de Santiago Abel Martínez, eran quienes dirigían el Congreso Nacional en momentos en que se aprobó uno de los más onerosos contratos de toda la historia de la República Dominicana, según denuncian importantes sectores de la sociedad civil, estos no han sido llamados por la Procuraduría General de la República para que expliquen bajo cuales análisis técnicos y de factibilidad se fundamentaron para aprobar la construcción de una planta que está siendo construida con un presupuesto que duplica el presupuesto real de una planta de ese tipo en cualquier parte del mundo.
Además, como ha salido a relucir por todos los medios nacionales e internacionales, la constructora Odebrecht no ejecutaba ni una sola obra sino era a través de la entrega de coimas a quienes facilitaban que ellos obtuvieron la adjudicación de dichas obras. Por lo que vale preguntarnos quienes recibieron las coimas como resultado de la aprobación de los contratos financieros con los cuales se está financiando actualmente la construcción de Punta Catalina.
El Ministerio Publico aun no ha esclarecido todo este oscuro manto existente en torno a la construcción de las plantas de Punta Catalina, inclusive, no se ha interrogado ni a una sola persona, situación que nos genera suspicacia sobre posible complicidades existentes entre un funcionariato público, unos congresistas y un Ministerio Público constituido y controlado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, lo cual imposibilita su necesaria imparcialidad para anteponer los intereses del pueblo por encima de los intereses personales partidarios.
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