Santo Domingo.- El colectivo Stop Impunidad solicitó al Congreso de la República la urgente aprobación de la “Ley de Extinción de Dominio” a los fines de que todos los recursos obtenidos por medios ilícitos en el país en las ultimas décadas puedan ser recuperados.
Dijeron que la organización valora como correcto que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Abinader esté cumpliendo la promesa de fortalecer la institucionalidad democrática del país, dando pasos concretos para impulsar una justicia independiente al seleccionar un Ministerio Público encabezado por las magistradas Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso destacadas por su ética, apego a los principios de la ley y capacidad profesional.
Observaron que el país hasta el momento ha visto un trabajo profesional, estratégico y apegado a los principios y el debido proceso judicial de parte de las nuevas autoridades del Ministerio Público, prueba de esto son los casos: Pulpo y Coral, pero, que además, de que los culpables de corrupción paguen con penas punitivas sus actos delictivos, es fundamental que el Estado pueda recuperar más de 950,000 millones de pesos sustraídos en los últimos 20 año, según proyección de la entidad Transparencia Internacional, la cual considera que un un 1% de su PIB del país es consumido por la corrupción.
Afirmaron que es necesario un instrumento legal como la “Ley de Extinción de Dominio”, una de las leyes complementarias que manda la constitución promulgada en el 2010, y, que la Constitución dispone, en el artículo 51, numeral 6, que “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”.
Manifestaron que este proyecto de ley lleva de 7 años de discusión en el Congreso, siendo aprobado en cuatro ocasiones por el Senado de la República y perimiendo en la Cámara de Diputados.
Apuntaron que esta ley permitirá que la creación de los tribunales de extinción de dominio, obligaría a las entidades financieras a dar informaciones bancarias al juez, permitiría acuerdos internacionales para la homologación de sentencias extranjeras, el decomiso civil de los bienes procedentes de actividades ilícitas que sean instrumentos de actividades ilícitas o donde se pretendan ocultar bienes de ilícita procedencia, aunque no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal.
Que de igual manera, permitirá decomisar aquellos bienes que constituyan un incremento patrimonial injustificado, aquellos que encontrándose a nombre de terceros que se determine que son el producto o se encuentran vinculados a un hecho ilícito y que quien se considera responsable del delito se comporta como dueño u ostenta su posesión o domino.
Así como incautar aquellos relacionados con personas contra las cuales se ha pronunciado condena penal en el extranjero por narcotráfico, lavado de dinero, fraudes contra el Estado o delincuencia organizada, aquellos cuyo propietario haya tenido conocimiento de su utilización en el hecho ilícito y no lo haya notificado a la autoridad o no haya hecho algo para impedirlo razonablemente.
“Como se puede ver, esta ley permitiría rastrear todas las formas, mecanismos y medios, que los culpables de corrupción utilicen para ocultar el patrimonio y bienes robados al Estado, y sin ella en gran medida los corruptos se saldrían con la suya pues de alguna manera seguirían disfrutando de sus riquezas mal habidas”, puntualizó el jurista Leonardo Jaquez, coordinador del colectivo.
Por último, la organización pidió al presidente Luis Abinader que con la mayoría que tiene en el Congreso Nacional haga realidad la aprobación de esta ley, ya que representaría el mayor aporte legal que presidente alguno en toda nuestra historia ha hecho en materia de lucha contra la corrupción en el país.
