A muchos sorprendió la decisión que recientemente tomó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de enviar a un tribunal ordinario de primera instancia el expediente penal donde se imputa a un conjunto de personas haberse beneficiado de pencos sobornos otorgado por la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de millonarias contratas públicas en la República Dominicana.
Aunque la decisión tomada por el pleno de la SCJ tiene cierto fundamento constitucional de permitir que una persona imputada penalmente tenga derecho al debido proceso de ley y a apelar en varias instancia una sentencia condenatoria, lo cierto es que la decisión no ha sido bien recibida por connotados penalistas del país y por la sociedad misma.
Hay quienes inclusive señalan que con esta decisión todos los imputados en el más importante caso de corrupción de toda nuestra historia podrían ser despachado a sus casas en libertad y con todo el dinero presuntamente robado al erario público limpio. Esto así debido a que la normativa penal dominicana contempla un periodo de extinción de 4 años para los casos penales, por lo que en unos 12 meses de no haber una sentencia condenatoria el tribunal se verá obligado a declarar la extinción del expediente. Solo en caso de haber una sentencia condenatoria podría ampliarse a 12 meses más el plazo de la extinción para que las partes afectadas apelen en instancias superiores la sentencia.
Todo luce indicar que muy posiblemente el expediente se vea afectado por la extinción debido a que con esta decisión de la SCJ el caso vuelve prácticamente a cero. Además que, debido a que tan solo faltan 12 meses para que el tribunal se vea obligado a adoptar una decisión de condena o absolución a los imputados, es lógico interpretar cuál será la estrategia que a partir de ahora tendrán los abogados de la defensa. Procurarán someter la mayor cantidad de incidentes con el objetivo de retrasar el conocimiento troncal del caso, por lo que pudieran lograr una extinción que podría echar por la borda la mínima credibilidad que aún tiene el sistema de justicia dominicano.
Si finalmente sucede así y el sistema de justicia nacional vuelve otra vez a darle la espalda a las aspiraciones y deseos del pueblo de ver a funcionarios y ex funcionarios corruptos preso, veremos como se agrietara aun más la muy débil institucionalidad democrática que tenemos en donde mas del 60% de la población dice no creer en ninguna institucion del pais y mucho menos en el sistema de justicia.
