La deuda pública consolidada del país asciende a US$41,278.84 millones, lo que representa el 52.74% del producto interno bruto (PIB) y podría terminar este año en 53%, constituyéndose en una amenaza para la economía dominicana, debido al peso cada vez mayor del pago de los intereses en las finanzas públicas.
Así lo establece el informe sobre “La coyuntura de la economía dominicana trimestre enero-marzo del 2018”, de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que fue leído por su director, Antonio Ciriaco Cruz. Señaló que el porcentaje de la deuda puede llegar a 60% del PIB si se toman en cuenta algunos ajustes metodológicos en la medición del indicador, como la deuda contingente del gobierno y la deuda garantizada que otras instituciones del sector público descentralizado y autónomo contraen. Explica que si el monto de la deuda se mide en relación con los ingresos tributarios, esta representaría el 335%.
Expresó que más del 45% de los ingresos tributarios se destinan para el pago del servicio de la deuda, lo que indica que el gobierno tiene menos recursos para salud, educación y agua potable.
El hecho de que hace tres años el Estado, dijo, destinaba el 19% al pago de los intereses y ahora asciende el 24% es un indicador de la insostenibilidad de la deuda. Indicó que la deuda pública ha crecido a una tasa promedio anual de 11.69% y el PIB real creció en 5.6%, por lo que el crecimiento de la deuda durante 2004-2017 fue el doble del crecimiento del PIB.
Consideró que hay que ponerle coto a la carrera de endeudamiento, porque en el futuro se encarecerán las posibles emisiones de deuda en dólares.
El país, dijo, debe abocarse a un gran pacto fiscal que mejora la calidad del gasto, reduzca la dependencia de los ingresos tributarios de los impuestos indirectos y tienda a un sistema más progresivo.
Indicó que si bien la presión tributaria es relativamente baja (15.2%) con respecto a América Latina, no es menos cierto que cuando se mida la presión fiscal considerando a aquellos que son contribuyentes formales, incluyendo los sectores de la clase media, esta llega hasta a un 26%. En cuanto al sector eléctrico, el informe establece que el pacto eléctrico pretende un aumento de la tarifa.
